La propuesta de gobierno para detener el alza de contagios por COVID-19 de los últimos días es el establecimiento de un Régimen de Excepción y cuarentena durante 15 días. El documento establece restricciones a la libertad de reunión, tránsito y movilidad de residencia, además de otras medidas que ya fueron implementadas en los decretos anteriores que regularon la pasada cuarentena.
Por: Krissia Girón/ Secretaría de Prensa de la Presidencia
En una nueva propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa en el marco de la pandemia por COVID-19, el gobierno busca un nuevo Régimen de Excepción y que se establezca una cuarentena por 15 días. Los derechos fundamentales que se verían suprimidos son la libertad de reunión, libertad de tránsito y libertad de movilidad de residencia.
Así lo expresó el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, quien dijo que el gobierno necesita “15 días exactos” para que las personas que están contagiadas se recuperan y para “eliminar en un alto porcentaje el virus”.
“No necesitamos 12, no necesitamos 10, necesitamos 15 días”, expresó, al tiempo que responsabilizó a las y los diputados de “lo que venga”, de no estar de acuerdo con la propuesta del GOES.
La propuesta fue elaborada luego que el titular de Salud Pública, Francisco Alabí, informara al Consejo de Ministros que la tendencia al alza en el número de contagios de COVID-19 amenaza con colapsar el sistema de salud.
“El Consejo de Ministros -concluyó-, a partir de un informe que le presentó el Ministerio de Salud, que si al día 2 de agosto, y conforme a la proyección que se ha hecho, no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muertes de la enfermedad puede ser bastante fuerte”, advirtió el asesor jurídico.
Según el documento presentado al Consejo de Ministros, un estudio del Alamos National Laboratory de Estados Unidos -que actualiza diariamente la cifra de COVID-19- señala que la proyección estimada para El Salvador al 12 de junio fue superada.
El estudio hace proyecciones de los casos de contagios y fallecidos entre el 21 de junio y el 2 de agosto. Según estas cifras, el país llegaría a más de 20 mil casos positivosy alrededor de 493 muertes, de no establecerse una cuarentena controlada
Regresan las detenciones y centros de cuarentena
La propuesta de decreto de Régimen de Excepción de derechos fundamentales concretos establece, una vez más, la detención de personas que incumplan la cuarentena domiciliar, quienes serán llevadas a centros de cuarentena controlada establecidos por el gobierno, esto pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara esta medida como prohibida.
El artículo 13 de la propuesta del GOES establece que la persona que sea sorprendida incumpliendo la cuarentena obligatoria será trasladada a un establecimiento de evaluaciones médicas, “instándole a que les acompañe de forma voluntaria y apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se trasladará aún en contra de su voluntad”.
Ahí se le realizará una evaluación para determinar si la persona presenta síntomas de COVID-19. De ser el caso, será trasladada a un centro de cuarentena. De no portar síntomas, se ordenará cuarentena domiciliar.
La restricción a la libertad de circulación supone varias de las medidas implementadas en los decretos de los últimos tres meses, desde que inició la emergencia nacional debido a la pandemia de COVID-19:
- Se declara a todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario.
- Establece como excepciones: las personas que con causa justificada salgan en busca de alimentos, medicamentos, asistencia médica, atención de emergencias a mascotas o que por otra emergencia deban asistir a un centro de salud, mercado, supermercado, entre otros.
- Entre las excepciones se encuentran empleadas y empleados públicos de instituciones de gobierno que tengan que ver con el combate a la pandemia, así como personal de la Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Consejo Nacional de la Judicatura.
- Además, agrega al personal de medios de comunicación, sector agropecuario, financiero, personal de AFP y aseguradoras, seguridad privada, servicios básicos y de telecomunicaciones, personas que se dedican a la albañilería, fontanería, carpintería, ingeniería, arquitectura, electricistas y otros empleados del sector construcción.
- El Ministerio de Trabajo realizará inspecciones en puestos de trabajo e informará al Ministerio de Salud de cualquier anormalidad.
Entre otras disposiciones, la propuesta de Régimen de Excepción no suspende otros derechos como la libertad de expresión, libertad de difusión del pensamiento, de asociación, entre otros.
Ordena a la Inspectoría General de la Seguridad Pública y a la Inspectoría General de la Fuerza Armada a habilitar mecanismos accesibles para la recepción de denuncias.
Además, faculta a la PDDH a “transitar libremente por el territorio, para que ejerza su mandato constitucional de supervisar la actuación de la administración pública”.
Sobre la propuesta de decreto, la diputada del FMLN, Yanci Urbina, dijo que habrá que analizarlo a profundidad, ya que existen antecedentes en las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sobre diferentes aspectos de los decretos que rigieron la pasada cuarentena.
Además, recordó que la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 661 y que continúa pendiente de la decisión de vetar, sancionar u observar del presidente de la República.
“Este decreto atiende de manera integral todas las disposiciones sanitarias, de apoyo a la economía de las familias, la reapertura económica y todas las disposiciones transitorias para la vigencia de documentos de identidad, entre otros. Es una ley muy completa”, expresó.
Consulte la propuesta de decreto presentada por el Gobierno aquí:
07A-Propuesta-Consejo-de-Ministros-sobre-Regimen-de-Excepcion-por-COVID-19IAIP y TEG no están incluidos en propuesta del gobierno
El papel del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la labor de su personal, de los oficiales de información de las instituciones y del personal del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) no se encuentran plasmadas en la propuesta de Régimen dde Excepción presentado por el gobierno. Esta fue una de las reiteradas denuncias de organizaciones sociales e instancias internacionales sobre los decretos que regularon la pasada cuarentena domiciliar.
Así también lo denunció la comisionada del IAIP, Claudia Escobar. “La propuesta enviada por el ejecutivo permite la movilidad del CNJ y otros, y nos excluye de nuevo. La transparencia y rendición de cuentas en tiempo de emergencia no es negociable”, expresó en su cuenta de Twitter.
Recientemente, el Instituto inició con las audiencias orales que se encontraban pendientes. Se realizarán a través de videollamadas y han sido transmitidas en las redes sociales del IAIP.
Desde mediados de marzo, El Salvador entró en un estado de emergencia nacional ante la pandemia por COVID-19. Durante 3 meses, la cuarentena domiciliar obligatoria y otras disposiciones en torno a la pandemia fueron reguladas por aproximadamente 70 decretos Ejecutivos y Legislativos. Algunos de estos declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional.
En dos ocasiones, la Sala ha llamado a ambos Órganos de Gobierno a dialogar y llegar a acuerdos sobre la legislación que normará la estrategia de combate al coronavirus, la cual, según sus ultimas resoluciones, debe estar basada en un enfoque de derechos humanos y transparencia de la administración pública.
deberían hacer un régimen hasta mas estricto que este pero solamente en los municipios mayormente afectados. como san salvador por ejemplo pero hay municipios que ni casos hay como Azacualpa en chalatenango ellos tienen que seguir normal. donde hay muchos casos nadie ni médicos ni nadie tiene que salir de sus casas.durante 21 días aproximadamente.