En 1989, Álvaro Henry Campos y Edward Sidney Blanco laboraban para la Fiscalía de Derechos Humanos, dependencia de la FGR. Ahí les fue asignada la investigación sobre el caso jesuitas. Su investigación fue bloqueada por la misma institución, la Fuerza Armada, por el gobierno, por organizaciones que les amenazaban, entre otros actores. Esta tercera entrega del #EspecialJesuitas tiene a su base las declaraciones que ambos abogados dieron el pasado miércoles ante la Audiencia Nacional de España, en el juicio histórico por la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA.
Por: Krissia Girón/ Foto: Vaticans News
Álvaro Henry Campos Solorzano y Edward Sidney Blanco eran fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República en 1989. La unidad dependía de un fiscal general adjunto de Derechos Humanos y trabajaban ahí seis personas para todo el país. Esta estructura estaba fuera de la línea del resto de departamentos y en comunicación directa con el titular de la FGR.
A las manos de ambos abogados llegó la tarea de investigar el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA, Elba y Celina Ramos. Ellos se enteraron, al poco tiempo, de la “confabulación estatal” que existía alrededor de las pruebas y de cualquier testimonio que pudiera llevar a la verdad de lo que ocurrió la madrugada del 16 de noviembre.
“Hubo una mentira sistemática, ocultamiento de pruebas, amenazas, bloqueos para obtener información, una especie de confabulación estatal a través de sus respectivos agentes para obstaculizar el descubrimiento de la verdad”, detalló Sidney Blanco.
Ante la Audiencia Nacional de España y las preguntas de la parte fiscal, Henry Campos describió como, en el gobierno de Cristiani, quienes llevaban las acciones operativas y tomaban las decisiones en el terreno eran miembros de “La Tandona”, a quienes calificó como “una pandilla de amigos” que se fue convirtiendo en una organización al margen de las estructuras formales del Estado.
La llamada “Tandona” fue la promoción de militares graduados en 1966 y que ocuparon puestos de mando durante la guerra civil. Ha sido considerada por investigadores y organizaciones de derechos humanos como uno de los grupos militares más poderosos y corruptos de la historia de El Salvador.
A este grupo perteneció Inocente Orlando Montano -único imputado en el juicio en España-, Guillermo Benavides y otros que estuvieron al mando del operativo que acabó con la vida de los padres Jesuitas, Elba y Celina Ramos.
“La Tandona estaba preocupada por esas propuestas de terminar la guerra, lo cual implicaba también el término de la ayuda militar y de los negocios que mantenía este grupo, así como sus prerrogativas de poder”, dijo Campos. La “ayuda militar” que dió Estados Unidos a El Salvador, entre 1980 y 1990, se calculó en apróximadamente en 4 mil millones de dólares.
Álvaro Henry Campos detalló que nunca creyeron posible que el coronel Guillermo Benavides tomara solo la decisión de asesinar a los sacerdotes jesuitas, lo cual confirmaron con el Informe de la Comisión de la Verdad de ONU, las investigaciones de la Comisión Mockley, la revelación de los documentos desclasificados de la CIA, entre otros.
“En medio de una guerra no era posible que la principal cabeza del Ejército actuara de manera descoordinada. De hecho, la UCA, Casa Presidencial, el Estado Mayor y el Ministerio de Defensa se encuentran en una zona cercana. Se instalaron círculos concéntricos de seguridad, habían unidades militares y cuerpos de seguridad, comunicación permanente, reuniones permanentes. Es decir, no se esperaba que los militares estuvieran en sus casas, las principales cabezas tenían que estar juntas, no solo porque eran amigos desde la Tandona, sino porque formaban la cabeza principal del Ejército”, afirmó.
Los cuerpos de seguridad que mantuvieron acordonada la UCA, ese 16 de noviembre, incluyeron a los que dependían del entonces viceministro de Seguridad, Inocente Montano: Policía Nacional, de Hacienda, de Aduanas y Guardia Nacional, confirmó Campos. Estas estructuras, según declaró, desarrollaban una actividad militar junto con la FFAA, además de administrar escuadrones de la muerte.
“Hay una referencia específica que ubica a la Policía de Hacienda en la ‘Torre Democracia’, ahora Torre City. También en los alrededores de Antiguo Cuscatlán y en la zona de la Escuela Militar”, dijo.
Agregó que en las investigaciones fiscales se llegó a establecer que el cateo realizado en la UCA el 13 de noviembre, tres días antes de la masacre, fue una operación que tenía por objeto conocer el lugar, las condiciones, las personas que se encontraban ahí y cualquier detalle necesario para efectuar el asesinato. “Recibimos pericia de un coronel argentino que declaró se trataba de una operación de reconocimiento, a la que denominaban ‘operación recondo’”, explicó.
Campos también confirmó que existió en la época una campaña en los medios de comunicación en contra de todos los opositores, a través de Radio Cuscatlán, donde “voces conocidas de políticos pedían la cabeza de Ellacuría y del resto de jesuitas”.
Como parte fiscal, Henry Campos confirmó en su declaración ante la Audiencia Nacional, una serie de restricciones para poder investigar con libertad los hechos. Explicó que si bien la Constitución de 1983 ya reconocía que la Fiscalía tenía el monopolio de la acción y de la investigación, en la práctica no se cumplía.
Tampoco el Alto Mando militar colaboró con la investigación: Destruyeron libros, cambiaron asignación de fusiles, modificaron escritos, testigos que llegaban a contradecirse o a omitir situaciones evidentes. “Fue una permanente actividad para impedir, frustrar y negar cualquier tipo de investigación”, lamentó.
El abogado querellante Manuél Ollé pidió al ex fiscal, Álvaro Campos, que ejemplificara el bloqueo que él y su equipo tuvo para investigar el caso: “Practicamente las presiones venían de forma directa del Fiscal General”, respondió Campos.
Un ejemplo este bloqueo fue que no les notificaban cosas importantes, como cuando se presentó a declarar el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, ante el juez en la Corte Suprema de Justicia y nadie les avisó. “No pudimos repreguntarle porque no nos llegó la notificación”, expresó.
Ante la pregunta del abogado defensor de Montano, Jorge Agüero, sobre si en la declaración del ex presidente Cristiani negó que el cateo se realizara con el objetivo de matar a los jesuitas o si en la reunión del día 15 de noviembre del Alto Mando se tratara la decisión de matar a Ellacuría, Álvaro Campos dijo: “En la declaración del presidente Cristiani aparece, yo la leí, que reconoce que estuvo presente en una reunión, reconoce que autorizó el cateo previo, pero no reconoce que ordenó matar o mandó a ejecutar la muerte de los jesuitas”.
Por su parte, Sidney Blanco relató que durante su paso por la FGR – y mientras llevó el caso jesuitas- hubo dos fiscales generales: Uno de ellos fue Mauricio Eduardo Colorado, que fue nombrado para completar el período del anterior fiscal, Roberto García Alvarado, asesinado en un atentado por la guerrilla el 19 de abril de 1989.
Colorado les advirtió que se abstuvieran de participar activamente en el caso, que dejaran que el juez de oficio realizara las investigaciones, que si se metían de lleno podían asesinarlos, ocupando una frase particular: “No son pollos a los que están acusando, son coroneles y estos no perdonan. Los van a matar y no quiero tener el cargo de conciencia de que los asesinen”.
Posteriormente, relató Blanco, llegó el Dr. Roberto Antonio Mendoza Jeréz como nuevo fiscal. Los abogados le consultaron como debían proceder con el caso jesuitas y la respuesta fue la misma: “Tal como les ha instruído el anterior fiscal”.
Campos recuerda que, por casualidades de la vida, ya conocían al segundo fiscal porque había sido su profesor en la universidad y eso les dio la confianza a ellos para consultarle como proceder y al fiscal para decirles “que no fuéramos a la declaración de un testigo, que no interrogáramos a un testigo, que no pidiéramos determinadas diligencias, que no hiciéramos declaraciones públicas”, relató.
“Se tomaron medidas de hecho como impedir que saliéramos de la Fiscalía, es decir, ponía vigilantes para que no nos dejaran salir o nos daban trabajo fuera de San Salvador cuando ahí había una diligencia importante”, comentó.
Los abogados sabían que en este bloqueo institucional estaban involucradas otras estructuras. Sidney Blanco explicó que confirmaron esta hipótesis cuando, estando en el despacho del Fiscal General esperándolo para una reunión, recibió una llamada del coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor. Ese día, habían sido publicadas en los periódicos declaraciones de Blanco y Campos, en las que acusaron al Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada de estar implicado en el caso jesuitas.
En la llamada con Ponce, el fiscal general se disculpa, le dice que “no son declaraciones institucionales y que no contaban con su anuencia”. Después de la llamada, relató Sidney Blanco, el fiscal les dijo a los abogados sobre la molestia del militar ante dichas declaraciones.
Las amenazas tampoco se hicieron esperar. Álvaro Henry Campos relata que una les fue transmitida a través del personal de la Embajada de Estados Unidos, otra fue una publicación general de la organización Mano Blanca, donde decía que todos los civiles que ‘tocaran’ el caso -jesuitas- iban a ser asesinados. También hubo una ocasión en que llegaron a tirar papeles con mensajes amenazantes cerca del edificio de la Fiscalía General y otra supuesta amenaza por parte del FMLN, que luego la misma guerrilla negó.
En su relato, Campos dice que hubo confesiones rendidas en la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos de forma extrajudicial, donde los autores materiales de la masacre dieron detalles de toda la operación, lo que sirvió para determinar cada una de las responsabilidades de los individuos. El abogado trató de intervenir en esta etapa, sin embargo, hubo otras “restricciones” por parte de la Comisión.
“Nos impidieron absolutamente hacer nuestro trabajo y terminamos retirándonos hasta que el caso fuera presentado a tribunales”, expresó.
La Comisión de Investigación de Hechos Delictivos fue creada en 1985, con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, afirmó Campos. Tenía como objetivo indagar sobre casos especiales o de relevancia nacional. Sostuvo que el director era Manuel Rivas, un militar de alta, y estaba conformada por cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda, Policía de Aduanas y miembros del Ejército.
Él, junto a el abogado Sidney Blanco, renunciaron a la fiscalía por las dificultades en el proceso judicial, debido a presiones tanto internas como externas. Luego participarían en el caso como acusadores particulares. En el juicio, los imputados se negaron a declarar, omitían información o daban datos equivocados.
“El juicio no tuvo tranquilidad, afuera había manifestaciones, gritos de los familiares y de otros militares, aviones, helicópteros, las salidas y entradas rodeadas de militares. No tuvo la neutralidad y la tranquilidad que se podía esperar en un caso como este”, describió Campos.
En aquel tiempo era bastante limitado el hecho de asegurar un juicio bajo los estándares de respeto al Estado de derecho, dijo el abogado. El jurado, afirmó, era nada más un desfile de las partes donde argumentaban una contra la otra “y a veces con argumentos emocionales o que pasaron a la ridiculez como sucedió con la defensa, que se dedicaron a ofender, a hacer un discurso circense y no a cumplir a cabalidad su papel”, explicó.
Por ello, a los abogados les llama la atención la decisión final del proceso, donde solamente se condenó a Guillermo Benavides y a René Mendoza a 30 años de prisión y cuya libertad les fue devuelta luego de aprobada la Ley de Amnistía en 1993.
“La decisión fue muy extraña y coincide con lo que tiempo después se supo que era una decisión controlada, que se había impuesto y que no era una decisión libre del jurado, porque dejaba libres a los que dispararon y estaban condenando a los que fueron encargados por el alto mando para ejecutar las órdenes y los aspectos logísticos”, describió.
En el juicio de 1990 fueron absueltos el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, quien estuvo a cargo de la unidad del Batallón Atlacatl, el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, el soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi, quien confesó haber disparado contra los padres Ellacuría, Martín Baró y Segundo Montes y agregó disparos sobre Juan Ramón Moreno y Amando López. También fue absuelto el subsargento Tomás Zarpate Castillo, miembro de la tercera patrulla de la Unidad de Comandos del Batallón Atlacatl y quien confesó haber disparado contra Elba y Celina Ramos.
Campos afirmó que en aquel momento tuvo acceso a las autopsias de las víctimas de la masacre, con lo que confirmó que “no había ninguna posibilidad de defensa por parte de los sacerdotes y las dos mujeres”.
“Hubo permanente actividad para frustrar la verdad”, concluye.
Las declaraciones de Sidney Blanco y Álvaro Henry Campos confirmaron los detalles que forman parte del testimonio de Yushsy René Mendoza, ex militar que ahora se encuentra en calidad de testigo clave en el juicio en España.
Además, reafirmó que la estrategia de investigación utilizada por las instituciones en aquel momento, buscó ocultar la culpabilidad de los militares del Alto Mando, dejando la totalidad de los cargos sobre los hombros de Benavides y Mendoza, los únicos dos condenados en el juicio de 1990, pese a las confesiones del resto de militares.
