Estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer revelan que de abril a junio existe un aumento de 118 inscripciones de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años en los centros de salud a nivel nacional. Organizaciones feministas apuntan a que podría existr un sub registro debido a las restricciones por la emergencia de COVID-19.
Por: Krissia Girón/ Foto: UNFPA
Datos publicados por el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodriguez”, revelan que en el primer trimestre del año se registraron 144 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Sin embargo, la actualización de estos hasta el mes de junio refleja un aumento a 258 casos, es decir, 118 niñas más que se sumaron a la lista durante los meses de abril, mayo y junio.
En porcentajes, representa un aumento del 79.16% respecto al número del primer trimestre del 2020.
Los departamentos donde se registran más casos son Sonsonate (42), La Libertad (31), San Salvador (27), Ahuachapan (23), La Paz (22) y Santa Ana (20). Por otro lado, los que registran menos casos son Chalatenango (8), Cabañas (8) y Usulután (9).
Además, los embarazos en adolescentes entre los 15 a 19 años pasaron de 3,835 en marzo a 6,581, reflejando un aumento del 71.60% durante el segundo trimestre de este 2020.
Respecto al año 2019 se refleja una disminución de aproximadamente 9.1% en niñas de 10 a 14 años y del 17.41% en adolescentes de 15 a 19. Sin embargo, organizaciones de mujeres como la Colectiva Feminista, recordaron que, pese a la disminución, los casos ocurren en un momento en que las niñas y adolescentes estuvieron en medio de un confinamiento obligatorio y otras medidas de restricción a la libertad de tránsito impuestas por el gobierno ante la emergencia global por la COVID-19.
Para ellas, esto confirma las advertencias realizadas por la sociedad civil respecto a los peligros que conlleva para las mujeres este tipo de medidas, ya que “la cuarentena no es lo mismo para todas las mujeres y, para muchas, representa peligro de convivencia con su agresor”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva, a la Red Informativa de ARPAS.
“Las niñas no están yendo a la escuela. Este aumento demuestra que esos embarazos son el resultado de abusos, de agresiones sexuales, de violaciones en el seno de los hogares. No hay compromiso institucional para encarar esta realidad. Nos encontramos en una situación en la cual, quienes se deben hacer cargo de proteger a las niñas, no lo están haciendo”, dijo.
Herrera no solo se refirió a las familias con quienes conviven las niñas, sino también al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ( ISDEMU), la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y otras instituciones que, a su juicio, deben proteger a las niñas.
“Nosotras hemos acompañado a mujeres en situación de violencia y, por ejemplo, los servicios especializados de la ONIMUJER de la PNC, las oficinas están ahí pero en muchos casos han desplazado a su personal a otras actividades. El problema es que no se está entendiendo qué es seguridad para las mujeres, no es solo tener soldados en las calles”, afirmó.
La activista considera que es previsible el aumento de embarazos de niñas y adolescentes, y de forma general, porque “tampoco se están priorizando los servicios de salud sexual y reproductiva”.
Y es que también las estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer sobre atenciones preventivas dadas en los establecimientos de salud del MINSAL, registran una reducción de 49.68% en las inscripciones y atenciones sobre métodos de planificación familiar.
Mientras que de enero a junio de 2019 se registran 100,029 atenciones en Planificación Familiar, los primeros 7 meses de este 2020 se reportan solamente 66,827.
“Ante las denuncias que hemos hecho las organizaciones, alguna reacción hay dentro del Ministerio de Salud. Hay mesas de diálogo que sí están funcionando y nos han pedido que les digamos adonde hay que llevar anticonceptivos, nosotras les decimos y los han llevado. Pero no es algo generalizado, son solo algunos sectores del MINSAL”, expresó.
Para Morena Herrera, es claro que las medidas como la cuarentena domiciliar obligatoria, la prohibición del transporte público y en general la libertad de transitar por el territorio como medida para la prevención del coronavirus, han afectado el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en tanto que no se brindaron alternativas para que este servicio esté a su alcance.
Sobre esto, consideran que la disminución de casos respecto al 2019 podría deberse a que a muchas niñas y adolescentes no se les inscribe en el sistema de salud al momento de enterarse del embarazo.
“Una razón pueden ser las dificultades de trasladarse y hacerlo, y otra es el temor a persecusión, a la denuncia, entonces mejor no las inscriben y eso es grave también, porque no resuelve el problema, simplemente lo complica más. Nos vamos a encontrar con consecuencias muy graves”, sostuvo.
Herrera recordó que el MINSAL tiene dos manuales de educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes, por lo que recomendó a esta cartera coordinarse con el Ministerio de Educación para hacer llegar estos manuales a la mayor cantidad de estudiantes y docentes, y que esta pueda hacer una labor de prevención en las escuelas y las familias.
Además, considera urgente que el Ejecutivo retome la Estrategia Nacional Multisectorial de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes que fue diseñada en el 2017 con proyecciones hasta el 2027. “Este gobierno no la puede ignorar. Es un trabajo que no es solo del gobierno anterior, hay otras entidades y otras organizaciones que han contribuido y no puede ser que simplemente la ignore. El COVID-19 es importante pero no es el único problema que tenemos en el país”, concluyó.
Recientemente, representantes del Fondo de POblación de Naciones Unidas, UNFPA, destacaron en un estudio que el embarazo a edad temprana es una práctica nociva en niñas y adolescentes por las consecuencias que dejan en ellas.
En 2017, según el UNFPA, cada día hubo 53 embarazos de adolescentes y 2 en niñas de entre 10 y 14 años. El Informe de Estado de la Población del UNFPA detalla que éstas circunstancias son consecuencia de patrones culturales que ven a las niñas como una carga, como un bien o como un objeto sexual.
