La Asamblea Legislativa aprobó el pasado fin de semana un nuevo préstamo por 250 millones de dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el «Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador».

Tras no lograr acuerdo con el Ejecutivo en la semana, los diputados regresaron el domingo a aprobar más deuda pública, temerosos por el eventual costo político-electoral del linchamiento digital y el bulling presidencial en redes sociales. ARENA, GANA y PCN votaron a favor; y en contra el FMLN y el PDC, alegando falta de transparencia del gobierno.

El dinero será repartido así: 75 millones a las alcaldías, 40 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 20 millones al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), 55 millones de contrapartida al FOMILENIO, 30 millones al Hospital El Salvador, 12 millones a los veteranos de guerra y 18 millones a “tareas de reconstrucción y recuperación económica”.

Más allá de la validez del destino de los recursos, es reprobable el alarmante incremento del endeudamiento estatal que ya sobrepasó límites históricos: según el Ministerio de Hacienda, en abril de este año el monto de la deuda era 20,271.4 millones de dólares, equivalentes al 77% del Producto Interno Bruto. Sumada la deuda aprobada durante la emergencia, el monto superaría los 23,000 millones, es decir, más el 90% del PIB.

Esto podría generar una “crisis de deuda”, es decir, un situación donde el gobierno no puede pagar y nadie le presta más; y ese desfinanciamiento impediría el funcionamiento del aparato estatal y provocaría un colapso económico en el país.

Insistir en más deuda como única fuente de ingresos, confirma que al Presidente Nayib Bukele le faltan tres cosas importantes. La primera es creatividad para buscar alternativas al endeudamiento; es decir, por su cabeza no pasan ideas como combatir la evasión y la elusión tributaria o “renegociar la deuda externa”.

La segunda es voluntad política para impulsar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, renacionalizar el sistema de pensiones e incluso revertir otras privatizaciones como la telefonía y la distribución de electricidad.

Y la tercera es coherencia con su promesa de no actuar como “los mismos de siempre”, en este caso, continuando y profundizando hasta el extremo la espiral de endeudamiento heredado de los gobiernos de ARENA y del FMLN.

En este espacio editorial exigimos al Ejecutivo buscar alternativas al endeudamiento público y a la Asamblea que no apruebe más préstamos, o pronto el país caerá en una grave crisis financiera de la que Bukele y los diputados serán responsables.