El juez titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, también emitió una medida cautelar preventiva en la que obliga a funcionarios a evitar “desplazar, sustraer y ocultar los archivos elegidos para esta inspección”.
Por: Krissia Girón/ Foto: Cristosal
Del 21 al 25 de septiembre iniciarán las inspecciones de archivos militares en los que se busca documentación que este relacionada a la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, así lo determinó Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, durante una audiencia realizada el pasado viernes.
El proceso durará en total 12 semanas y esperan que el informe pericial sea entregado entre el 7 y el 11 de diciembre, en el marco del aniversario de la masacre.
Además, el juez emitió una medida cautelar preventiva en la que «obliga a aquellos funcionarios que tienen bajo su custodia los archivos elegidos para la inspección, evitar que se desplace, sustraiga y oculte cualquier documento de esos archivos”.
A la audiencia fueron convocados para planificar, coordinar y establecer la calendarización respectiva de las inspecciones, las partes técnicas y materiales (fiscales, acusadores particulares, defensores y víctimas) y funcionarios que tengan la facultad de ordenar e instruir a quienes ejerzan funciones de dirección, administración o custodia de los referidos archivos, a efecto de que faciliten y colaboren en la ejecución de las inspecciones.
Los funcionario que estaban convocados a la audiencia fueron el Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro y el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, la Ministra de Cultura, Suecy Callejas y el Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez. Todos enviaron personas delegadas.
Durante la audiencia, la defensa de los acusados solicitó declarar nulas las inspecciones, alegando que violan el principio de legalidad. Sin embargo, el juez lo denegó y estableció que estas se realizarían según calendario y metodología propuesta por el equipo de peritos, previamente juramentados. A éstas asistirán el juez, las y los peritos, las partes involucradas y la PDDH.
La Fundación Cristosal calificó la decisión como un «hito en el juicio» por esta masacre.
Estos resultados fueron calificados como positivos por los acusadores particulares. David Morales, de Cristosal, y Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, coincidieron en que no existen razones legales para controvertir las decisiones del juez.
Morales explicó que la audiencia del pasado viernes tuvo momentos de retraso debido a que, entre otros, los abogados defensores de los militares acusados objetaron la participación de la perito guatemalteca, Velia Muralles Bautista. Además, los enviados de la presidencia argumentaron que no se pueden inspeccionar planes militares ya que se arriesgaría «la seguridad nacional, la defensa del Estado y su soberanía».
“Hubo algunos alegatos sobre planes militares secretos, creo que la audiencia y las diferentes intervenciones dejan claro que no puede existir esa secretividad en relación a esos planes, si existen, deben ser mostrados ya que no ofrecen constitucionalmente ninguna reserva”, expresó Morales.
Estos alegatos fueron rechazados por el juez Guzmán ya que consideró que revelar planes militares de 40 años atrás no pueden producir afectación a los intereses de la seguridad nacional. Según publicó el periódico digital El Faro, el juez le aclaró al representante de la presidencia que no estaba en discusión la apertura o no de los archivos, sino la forma de hacerlo.
“La decisión judicial, licenciado Chacón, está tomada. Lo que procede es su ejecución. Se toma nota de su observación, sin embargo, eso no impide que la decisión judicial vaya a ser sostenida. Le pediría, a través de usted, si lo que usted ha dicho es la opinión de Presidencia, que se reconsidere esa posición. Las decisiones judiciales no se negocian, ni se suplican. Se imponen”, agregó Guzmán.
Pese a esto, el abogado David Morales mostró complacido por la voluntad de colaborar mostrada por las y los delegados del Ejecutivo. “Esperamos que la colaboración no sea solo formal, no sea solo una simple declaración aquí en la audiencia, sino que se dé todo el protocolo de colaboración en la inspección y sobre todo que haya voluntad para que se revisen los documentos”, dijo Morales.
El también exprocurador de Derechos Humanos, recordó la falta de voluntad para abrir archivos militares por parte de ministros de Defensa anteriores, como el caso del general Munguía Payes: “un viceministro de Defensa que mintió en una audiencia de la Sala Constitucional diciendo que ni se elaboraban documentos de planes, lo cual aquí en el juicio del Mozote ha sido desvirtuado, hay documentos de planes militares a nivel nacional. Esperamos que esta sea la tónica con el actual gobierno”, dijo.
Por su parte, Wilfredo Medrano, recordó que, en torno a este caso, la promesa del presidente de la República, Nayib Bukele, fue “abrir los archivos militares de la A a la Z”. En ese momento, dijo que estar “al 100% por que se sepa la verdad”.
“Hay una apertura de los funcionarios designados, se han comprometido a hacer las coordinaciones pertinentes con los funcionarios que tienen a cargo archivos militares”, dijo Medrano.
“En este tipo de inspecciones no solo se va a establecer la verdad del Mozote, sino que, como saben, el Batallón Atlacatl anduvo operando a nivel nacional, entonces hay muchas masacres que están en la impunidad, a pesar de los alegatos de la defensa que no se traten otros casos, esto es muy importante porque a nivel nacional hay muchos desaparecidos, muchas masacres, madres que no saben el paradero de sus hijos. Es muy importante y valiosa la información, así como la medida cautelar emitida por el juez”, expresó Medrano.
Entre los archivos a inspeccionar se encuentran los ubicados en el Archivo Histórico de la Primera Brigada de Infantería, Archivo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Primera y Segunda Brigada Aérea, Archivo Central Brigada de Artillería “Tte.Cnel.Oscar Osorio”, Archivos Oficinas Relaciones Públicas de la Fuerza Armada, Archivo Comité de Prensa de la Fuerzas Armadas, COPREFA, Hojas de Servicio, el Archivo Central de la Tercera Brigada de Infantería San Miguel, Archivo Central del Destacamento Militar No.4 entre otras unidades del ejército, así también el Archivo Histórico y Archivo General de la Nación, Ministerio de Cultura.
Las organizaciones de derechos humanos, familiares y sobrevivientes de la masacre esperan que, desde que se inició el proceso judicial y ante la insistencia de revisar y abrir los archivos de la guerra, estos no hayan sido sustraídos, alterados o destruídos por anteriores o actuales funcionarios.
