El 14 de mayo de 2018, en la entrevista “Frente a Frente” de Telecorporación Salvadoreña (TCS), el entonces candidato presidencial Nayib Bukele criticó que la Asamblea Legislativa fuera “genuflexa” ante el Ejecutivo, dijo que “el gobierno no debe imponerse al Parlamento” y que “el presidente debe buscar acuerdos con todas las fuerzas políticas”.

En aquella ocasión Bukele reivindicó la lógica democrática de los “pesos y contrapesos”, avaló el rol fiscalizador de la Asamblea y señaló como causa de los males del país el sometimiento legislativo a los designios presidenciales. “¿De qué nos ha servido eso?, pues para darle cheque en blanco al presidente; ¿y qué hemos tenido?: pobreza, desigualdad, exclusión, sistemas de salud y educación paupérrimos, inseguridad, saqueos del Estado, corrupción…”, argumentó.

Casi dos años después, el 9 de febrero de 2020, ya como presidente de la república, Nayib Bukele -ante la negativa de los diputados de aprobar un dudoso préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus desconocidos planes de seguridad pública- irrumpió en el recinto legislativo acompañado de soldados y policías, usurpó la silla del presidente parlamentario y amenazó con disolver el congreso. Por dicha, antes de eso oró y Dios le pidió “paciencia”; entonces, decidió que la toma de la Asamblea sería por la “vía democrática” en las elecciones de este domingo 28 de febrero.

Para concretar este “asalto democrático” del Parlamento Bukele puso en función de ese objetivo estratégico su alta popularidad, cuantiosos recursos públicos y el aparato comunicacional, publicitario y logístico del gobierno. El mandatario, que hace apenas tres años cuestionaba el sometimiento de la Asamblea al Ejecutivo y propugnaba por la independencia entre ambos órganos estatales, ahora pide mayoría absoluta en el Parlamento y que los diputados respondan a Casa Presidencial.

Por eso enfiló un discurso de odio contra sus adversarios, para exacerbar el rechazo popular hacia los que llama “mismos de siempre”; violentó el Código Electoral y la Constitución, incumpliendo los plazos para hacer proselitismo y prevaliéndose de su cargo para hacer campaña; y -según informa la organización Acción Ciudadana- ha gastado casi 9 millones dólares (el 71% del total gastado por todos los partidos y candidatos) en propaganda en medios y redes sociales pidiendo “votar por la N de Nayib” y “diputados que trabajen con el presidente”.

Todas las encuestas dicen que Bukele logrará, al menos, mayoría simple de diputados; y así daría su “golpe democrático” contra la Asamblea. Si esto sucede, el país podría entrar en una fase oscura de su historia y sufriría graves retrocesos institucionales, a juzgar por la actitud autoritaria y antidemocrática mostrada por el mandatario en sus veinte meses de gestión.

En este espacio editorial coincidimos con el Bukele de 2018 y abogamos por un Parlamento equilibrado e independiente que haga contrapeso al Ejecutivo: que apoye las iniciativas buenas del gobierno, pero que lo fiscalice y ponga paro a sus políticas abusivas, intransparentes, antidemocráticas o vulneren los derechos de la población.

Este 28 de febrero, los salvadoreños y salvadoreñas aptas para votar decidirán entre dos opciones: preservar esta débil e incipiente democracia o dar un salto al vacío.