La legislatura 2018-2021, que terminará el próximo 30 de abril, dejará muchas deudas: se irá sin aprobar varias leyes y reformas de ley urgentes orientadas a resolver problemas que vulneran derechos, afectan la vida de la población y constituyen serios obstáculos para construir un país más digno.

Una de las mayores deudas de la saliente gestión parlamentaria es, sin dudas, la no aprobación de la Ley General de Agua, dado el grave deterioro de los bienes hídricos. En materia ambiental también se quedaron en el camino la Ley de Soberanía Alimentaria y la prohibición de los agro-tóxicos.

En el ámbito socio-económico, los diputados y diputadas tampoco aprobaron una reforma integral del sistema de pensiones. Tampoco avalaron medidas tributarias progresivas para que “paguen más quienes tienen más”.

También rechazaron la despenalización de aborto que permitiría la interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en peligro la vida de la madre, cuando sea inviable la vida del feto y en en casos de violación sexual, trata o incesto. La Ley de Identidad de Género tampoco ha sido aprobada.

También han sido víctimas de la irresponsabilidad parlamentaria las leyes de Reconciliación y de Defensores/as de Derechos Humanos. Así como también la Ley de Protección a Periodistas, normativa que varios diputados/as prometieron aprobar “antes de las elecciones del 28 de febrero”.

Los legisladores/as tampoco han sido ágiles con la Ley de publicidad estatal, a pesar de las expresiones de respaldo de varios grupos parlamentarios cuando fue presentada. La comisión ad hoc creada para su estudio se propuso aprobarla “antes que terminara el año (2020)”, sin embargo, no han cumplido su compromiso.

Desde este espacio editorial exigimos a la asamblea saliente que aproveche el tiempo que le queda para saldar estas deudas, dadas las pocas o -en algunos casos- nulas posibilidades de que la nueva legislatura las retome. En el ámbito democrático deberían ser prioridad las leyes de Protección a Periodistas y de Publicidad Estatal.