En el marco del cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, organizaciones señalaron que esta no se ha implementado. Además, presentaron una sistematización de la lucha contra los proyectos extractivos en el país que logró la aprobación de la normativa en marzo de 2017. Exhortaron a la nueva legislatura -que asumirá funciones en mayo- a que se respete el contenido de la Ley.
Por Norma Ramírez, Red Informativa de ARPAS/Foto: OCMAL – Referencia
El próximo 29 de marzo se cumple el cuarto aniversario de la histórica aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país. Cuatro años después, la ley no ha sido implementada, así lo recordaron organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFM) que este miércoles presentaron una sistematización que narra los más de 10 años de resistencia a los llamados “proyectos de muertes”.
Según dijo Luis González, integrante de la MNFM, no es posible que en el país haya leyes que no se implementan, entre éstas la que prohíbe la industria minera. “Sigue pendiente el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental, la reconversión económica de la minería artesanal”, señaló. Agregó que, por estas razones, es importante que esta lucha se sistematice.
Saúl Baños, también integrante de la Mesa, señaló que la sistematización que se presentó busca recordar a la población todo el proceso histórico que las comunidades, acompañadas de organizaciones, impulsaron para defender la vida y el medio ambiente en el país. “La importancia de la sistematización es la retrospección de esos más de 16 años de lucha”, expresó.
La “sistematización de la lucha anti minera en El Salvador” consta de seis capítulos y narra los hechos ocurridos desde 2005 -año en que se conformó la Mesa Nacional frente a la Minería- hasta 2017, entre éstos: crímenes contra defensoras y defensores ambientales de Cabañas, demandas internacionales promovidas por las empresas Commerce Group y Pacific Rim/Oceana Gold, así como la resistencia social a la minería transfronteriza y las estrategias que las organizaciones han impusaldo.
Minería transfronteriza: la otra amenaza latente
Pese al triunfo que significó para el país la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería, sigue latente la amenaza de la minería transfronteriza, dijo David Pereira, miembro de la MNFM. Señaló que esto se vuelve especialmente preocupante tomando en cuenta que El Salvador es una nación “agua dependiente”.
“El Salvador es un país aguas abajo, entonces todo lo que sucede aguas arriba nos afecta, entre esas cosas son proyectos mineros ubicados en territorio guatemalteco y hondureño sobre las cuencas de los principales ríos que corren hacia nuestro país: Lempa, Goascorán, Torola, Lago de Güija”, expresó Pereira. Agregó que estos representan graves amenaza a la vida de las comunidades.
Agregó que este tema podría causar problemas entre los estados de la región.
La defensa de los bienes naturales sigue siendo amenazada
Vidalina Morales, una de las voces más reconocidas de la lucha contra la minería, señaló que la defensa de los bienes naturales sigue siendo amenazada, sobre todo “cuando se trata de mujeres”.
“En el caso de la defensa del agua han habido amenazas, especialmente a mujeres que están en juntas de agua, esto es tan real, pero no es escuchada. Parece que son temas que no son de interés de las instituciones”, señaló.
Morales agregó que las comunidades están dispuestas a continuar en defensa de los bienes naturales y en resistencia a los proyectos mineros. Recordó que desde hace varios años está pendiente la aprobación de una ley de protección a las personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica exhortaron a la nueva legislatura, que asumirá sus funciones en el mes de mayo, a respetar el contenido de la Ley y que se ratifiquen en la Constitución de la República derechos humanos fundamentales, como al agua y la alimentación. Además, que se tome en cuenta la demanda que la MNFM ha realizado desde hace varios años para que se eleve a rango constitucional la prohibición de la industria minera en el país.
