*Por Leonel Herrera Lemus/Foto: Secretaría de prensa Presidencia

El 10 de agosto de 2020, en una larga cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele arremetió contra una resolución de la Sala Constitucional que anulaba el Decreto Ejecutivo 32 que establecía las fases de la reapertura de actividades económicas. En la referida alocución, el mandatario rechazó los señalamientos a su estilo autoritario de gobernar y dijo que “si fuera un dictador habría fusilado a los magistrados”. “Salvar mil vidas a cambio de cinco”, agregó.

El 1o. de mayo de este año, Bukele cumplió su deseo de deshacerse de esos magistrados que no resolvían como él quería y estorbaban su gestión. La mayoría de diputados y diputadas que ganaron sus curules gracias a la popularidad del presidente, destituyeron, en su primera sesión plenaria, con dispensa de trámite, sin seguir el procedimiento legal, sin causas específicas y sin ser escuchados, a los magistrados Armando Pineda Navas, Aldo Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

Para complementar la arbitrariedad y el abuso, personeros gubernamentales presionaron a los magistrados a renunciar, según declaró uno de ellos a la revista digital Factum; y hasta enviaron una patrulla policial a la casa del magistrado presidente Armando Pineda Navas para evitar que se presentara a trabajar el lunes 3 de mayo.

Estos ahora ex magistrados no destacaban en el desempeño de sus funciones, pero -además de revertir decretos ejecutivos del manejo de la pandemia- habían admitido recientemente una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, por su formación y trayectoria militar incompatible con el carácter civil de la policía creada por los Acuerdos de Paz.

En lugar de Pineda Navas y compañía fueron nombrados cinco magistrados afines del presidente, sin seguir el proceso de selección y sin verificar el perfil de idoneidad. De hecho ninguno merece el cargo: uno está señalado de negociar con el ex fiscal Luis Martínez, otro fue uno de los sepultureros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), otro defendió la negativa gubernamental de abrir los archivos militares y otra está vinculada al partido GANA. Pero van a resolver como Bukele quiera, y eso es lo que importa.

Los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos la misma noche del 1o. de mayo y entraron a la instalaciones de la Corte Suprema de Justicia acompañados por agentes policiales.

La auto denominada “bancada cyan” también destituyó, en la misma sesión inicial, con dispensa de trámite, sin seguir el procedimiento legal, sin causas específicas y sin ser escuchado, al Fiscal General, Raúl Melara.

El ahora ex Fiscal era omiso en sus funciones, fue financista de ARENA y su elección hace más de dos años fue cuestionada. Sin embargo, al momento de su destitución investigaba varios casos de posible corrupción en el uso de fondos públicos durante la pandemia y había decido indagar sobre supuestas negociaciones del gobierno con las pandillas reveladas en septiembre del años pasado por el semanario electrónico El Faro.

En el cargo de Melara fue nombrado Rodolfo Delgado, quien ha laborado por más de veinte años en la Fiscalía, bajo las órdenes de los ex fiscales generales Garrid Safie, Romeo Barahona, Astor Escalante, y Douglas Meléndez. Delgado está señalado en informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y actualmente enfrenta un juicio por violencia intrafamiliar, según una publicación de la revista Gato Encerrado que ya fue borrada por orden judicial. Pero va a seguir los lineamientos presidenciales, y eso es lo que importa.

Así, el sábado 1o. de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora y fecha en que tomó posesión la nueva gestión parlamentaria dominada abrumadoramente por el oficialismo, el presidente Bukele “fusiló” -civil y legalmente- a los magistrados de la Sala Constitucional y también al Fiscal General. Y con ellos, también ha fusilado la separación de poderes, la independencia judicial y la institucionalidad; y con éstas la democracia y la república.

*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS.