Con el argumento de agilizar las compras gubernamentales y atender de mejor manera la pandemia del COVID-19, la súper mayoría parlamentaria oficialista aprobó la semana pasada una ley que en la práctica promueve la impunidad, la corrupción y la desprotección de la población frente a la mala praxis médica.

Es la “Ley para el Uso de Productos y Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionados por la Pandemia del COVID-19”, avalada por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, anula los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en los procesos de compra relacionados con la emergencia sanitaria.

La normativa también establece -en su artículo 4- que “las personas o entidades que operan en el sector de la Salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos”.

Además, la ley declara la pandemia como asunto de “orden público” para poder tener efecto retroactivo, lo cual significa que aplica para todos los procesos de compras y contrataciones realizadas desde que inició la pandemia en marzo de 2020.

La ley inmediatamente fue etiquetada como “Ley Alabí”, no sólo porque su promotor es el ministro de Salud, Francisco Alabí, sino porque él será su principal beneficiado: la vigencia de esta normativa impide que se investiguen varios casos de posible corrupción en el manejo de fondos públicos durante la pandemia que involucran a Alabí.

Otros beneficiados con la “Ley Alabí” serán el ex ministro y ahora viceministro de Agricultura, Pablo Anliker; así como otros titulares de instancias del Ejecutivo señalados por compras irregulares y mal uso de recursos públicos.

Como han señalado diversas organizaciones que promueven el acceso a la información y la transparencia, la “Ley Alabí” menoscaba la rendición de cuentas, dejará impunes delitos de corrupción y desprotege a la población frente a las consecuencias de malos procedimientos médicos.

Con esta ley, más el control de la Fiscalía y de la Sala Constitucional, el bukelismo tendría impunidad total de su corrupción y la ciudadanía cero posibilidades de exigir transparencia. Así, Nayib Bukele -que hizo campaña exigiendo a “los mismos de siempre” que “devolvieran lo robado” y ganó la presidencia con un discurso anticorrupción- traiciona de la manera más vil su compromiso con la transparencia que ofreció.

La población que lo apoya debería exigirle que cumpla sus promesas. Ojalá que así fuera.