Por Red Informativa de ARPAS /Fotografía
La Mesa por la Soberanía Alimentaria denunció una “creciente crisis económica” que golpea a la población y la reciente alianza entre el Ministerio de Agricultura y empresas productoras de venenos.
Las organizaciones de la Mesa cuestionan la falta de políticas reales de apoyo a la producción nacional de alimentos, sobre todo en un contexto en donde los precios de la canasta básica continúan en aumento. De acuerdo con Adalberto Blanco, en lo que va de 2021 el incremento de precios de los alimentos representa un 2.6 %.
Además, exponen que el constante incremento en los precios de los combustibles y en los servicios básicos, como agua y energía eléctrica, derivan en el encarecimiento de la vida y profundización de la pobreza.
La crítica situación sobre plaguicidas en El Salvador
El 18 de agosto el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que, en conjunto con la Asociación de Proveedores Agrícolas, realizaron una capacitación en la “configuración de aeronaves para riegos” a fin de que los agricultores que llevan a cabo esta actividad conozcan el equipo y sean eficiente a la hora de aplicar plaguicidas. En ese contexto lanzaron la Unidad de Aplicaciones Aéreas.
Para Luis González, integrante de la Mesa por la Soberanía, es “lamentable que se estén realizando articulaciones, alianzas entre entidades públicas y aquellos que promueven, importan y desarrollan el uso de venenos”. González hizo referencia a los estudios que demuestran los impactos que tienen los agrotóxicos en la salud, en el ambiente y en el agua”. Explicó que “estos efectos son dañinos por el uso indiscriminado de venenos agroindustriales principalmente el glifosato (producto Bayer-Monsanto)”.
Este herbicida es utilizado en grandes cantidades en El Salvador e incrementa en 41% el riesgo de padecer cáncer, según diversos estudios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.
Además, los efectos de los plaguicidas también derivan en los padecimientos renales crónicos. González señala que “la enfermedad renal crónica a nivel nacional ya es la primera causa de mortalidad hospitalaria en hombres y la quinta en mujeres”.
Las organizaciones exigen al Estado impulsar acciones claras en la regulación del precio de la canasta básica, promover y apoyar la producción nacional de alimentos y ver la salud desde una perspectiva integral, previniendo actividades que generen riesgo en las personas, adoptar las medidas necesarias de atención adecuada de la enfermedad renal crónica, el cese de la alianza del MAG con las mayores empresas productoras de agroquímicos, así como generar programas o proyectos para reducir o prohibir el uso de agrotóxicos en el país.
