La pandemia de COVID-19 ha causado graves impactos en el mundo desde que fue declarada como emergencia internacional a inicios de 2020. El Salvador no ha sido la excepción. El más pequeño de los países centroamericanos registra a mediados de agosto más de dos mil personas fallecidas a causa de la enfermedad, según datos oficiales.
A partir del mes de junio se ha registrado un significativo aumento debido a la presencia de los primeros casos de la variante Delta considerada más contagiosa por la Organización Mundial de la Salud (OM), lo cual ha puesto en alerta a las autoridades.
Una de las principales medidas tomadas por el gobierno de Nayib Bukele, para prevenir los contagios de la enfermedad, fue la instalación de una “cuarentena domiciliar obligatoria” que significó el cierre de la vida productiva del país por casi tres meses. Estudiantes no asistieron a las escuelas, empresas detuvieron operaciones, no hubo turismo, se cerraron las fronteras y el derecho a la libre circulación fue limitado. En principio esta decisión fue bien vista porque, al menos, retrasó la llegada del virus al país durante algunos días.
Sin embargo, al cabo de algunas semanas de encierro los estragos empezaron a presentarse, sobre todo para aquellas personas que subsisten del comercio informal y quienes, por temor a las consecuencias, no podían salir de sus casas para obtener su sustento diario y el de sus familias. Salir de casa también significaba una posible detención arbitraria por los cuerpos de seguridad pública (policías y militares) y terminar en un centro de contención (también llamados “centros de contagio” porque muchas personas adquirieron la enfermedad en estos lugares). Familias afectadas colocaron banderas blancas como una forma de pedir ayuda, sobre todo alimentaria.
Pese a esta realidad que se vivió en forma más cruda en San Salvador, capital y mayor centro poblacional del país, algunas comunidades tomaron acciones para enfrentar la pandemia priorizando las necesidades de sus habitantes, principalmente la alimentación. Ése es el caso de la comunidad Santa Marta ubicada en el municipio de Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas, al norte del país.
En ese territorio en el que habitan 3 mil personas se impulsó una iniciativa para garantizar que en la comunidad los alimentos básicos no faltaran y que todas las personas, prioritariamente las más vulnerables, tuvieran acceso a ellos.
Leonel Rivas, líder de Santa Marta, narró que en marzo de 2020 la comunidad se preparaba para la conmemoración del “39 Aniversario los Mártires de la Masacre del Río Lempa”, perpetrada por el ejército gubernamental en 1981 en los inicios de la guerra civil salvadoreña.
Comentó que para la comunidad fue un momento decisivo. “Comenzamos a pensar qué podíamos hacer y qué medidas se podían tomar, además de las sanitarias. También se generó preocupación en cómo fortalecer la sostenibilidad, pues una zona rural sobrevive sobre todo de la agricultura. Entonces una de las medidas fue fortalecer el invernadero local”, contó.
Además, se instaló un centro de control sanitario a la entrada de la comunidad como medida para evitar los contagios, en consonancia con las acciones nacionales. Este control funcionó durante 17 semanas, desde el 18 de abril. En principio la iniciativa fue acompañada por el Equipo Comunitario de Salud Familiar (ECO) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), pero los cambios en las disposiciones y lineamientos del gobierno provocaron que dichas autoridades se retiraran. Pese a que la comunidad continuó con la medida algunas semanas más, los contagios aumentaron en Santa Marta.
En Santa Marta la pandemia también golpeó fuerte
Salvador Escobar López es habitante de la comunidad y también director del ECO Santa Marta. Aunque para el personal de salud, por decisión del gobierno, dar declaraciones a medios de comunicación tiene restricciones, el médico accedió a hablar con la Red Informativa de ARPAS para contar la situación sanitaria de este territorio.
Según el médico, el primer caso de coronavirus en Santa Marta se registró el 20 de mayo de 2020 y fue el segundo en Ciudad Victoria. Frente a esto, la comunidad implementó nuevas medidas, ya no solo de prevención sino también de atención a quienes adquirieran el virus.
“Familias que están en Estados Unidos prestaron sus casas para aislar a las personas contagiadas y que estuvieran en condición de dignidad, recibiendo el cuidado del equipo de salud. No podíamos verles como una amenaza, sino como un compañero que necesitaba nuestra ayuda”, explicó Escobar López.
El médico lamentó que, debido al cambio de disposiciones de los gobiernos central y municipal, el ECO Familiar y la PNC se retiraron del centro de control sanitario que servía como “barrera” para contener los contagios. De acuerdo a los datos del ECO, entre agosto de 2020 y febrero de 2021, 32 habitantes han muerto por COVID-19 en la comunidad.
En la mayor parte del país el trabajo de los ECOS se ha desmontado. Según el doctor Eduardo Espinoza, ex viceministro de Salud, el rol de estos establecimientos favorecen la prevención de enfermedades a nivel local. “El primer nivel debe responder al 90% de las atenciones de salud que se presentan en la comunidad. En zonas pequeñas es más fácil controlar el aparecimiento de un brote y detener la diseminación de una enfermedad”, explicó el ex funcionario.
Garantizar la alimentación: una prioridad comunitaria
Desde el año 2003 funciona en Santa Marta el proyecto Innovación Vegetal Rural conocido como el “INVER”, que surgió para ayudar a la comunidad en la producción de alimentos básicos como verduras y hortalizas. Peter Nataren, uno de los jóvenes integrantes del proyecto, explica que al inicio aplicaban el método de agricultura hidropónica que consiste en utilizar disoluciones minerales en estanques de agua en vez de suelo agrícola; sin embargo, tuvo que cambiarse dado que requiere conocimientos “muy científicos” y uso de tecnología avanzada.
Fue así que en los últimos nueve años el INVER se ha desarrollado con otro método: la agricultura organopónica, la cual usa tecnología básica y artesanal adecuada a los tipos de suelo. Nataren explica que aplicar este sistema se logró gracias a la investigación realizada por jóvenes, quienes indagaron sobre su uso en otros países.
El invernadero fue una de las principales apuestas de la comunidad para enfrentar la pandemia de COVID-19, sobre todo durante la cuarentena obligatoria. Una de las decisiones que se tomó fue aumentar la producción. “Basados en la tecnología organopónica ampliamos las áreas de cultivo en pocos días”, comentó Nataren.
El liderazgo comunitario cedió al invernadero 6 mil metros cuadrados de tierra de la cooperativa local para aumentar la producción y proveer de alimentos a las familias, priorizando en aquellas de más bajos recursos. Por eso también crearon un reglamento sobre la compra de vegetales. “Nadie podía, solo por tener dinero, acaparar lo que se producía; por ejemplo: no se podía vender a una familia más de $1 de pepino o de tomate por semana”, dijo Nataren.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), “las infecciones debilitan el organismo, especialmente cuando causan fiebre, por lo que necesita energía y nutrientes adicionales. Por tanto, mantener una alimentación saludable durante la pandemia de COVID-19 reviste gran importancia. Aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede evitar la infección por coronavirus, el mantenimiento de una alimentación saludable constituye un elemento importante para favorecer un sistema inmunitario fuerte”.
Por eso, el aporte del INVER no se limitó solamente a producir la cantidad necesaria de alimentos básicos, sino que estos ayudaran a la salud de las familias. “Se produjeron 20 tipos de vegetales, tratamos de hacer un equilibrio en lo que enviábamos a la mesa de un hogar. Ayudamos no solo a tener alimentación, sino reforzar el sistema inmunológico de la comunidad”, agregó el representante del invernadero.
Para Nataren, “esta pandemia deja como lección que las comunidades deben hacerse responsable de la producción de sus alimentos”. Menciona que en Santa Marta se está planificando como producir en los próximos años, al menos la alimentación básica de las familias.
Al trabajo realizado en el invernadero también se sumó el de la Cooperativa Nueva Heroica Santa Marta la cual instaló un centro de acopio de semillas. “El centro de acopio de granos básicos se creó para tener reservas ante una posible crisis alimentaria y se logró tener una cantidad considerable”, dijo Alfredo Leiva, presidente de la cooperativa.
Explicó que en esta comunidad anualmente se consumen entre 500 y 800 quintales de maíz y frijol, productos elementales en la dieta diaria de la población salvadoreña. Leiva mencionó que la crisis alimentaria no fue lo que se esperaba, pero que impulsar esta iniciativa “ayudó a movilizar capacidades que la comunidad ha venido construyendo desde que se fundó en 1987”.
“Esta comunidad demostró muchas capacidades durante la guerra, así que esto (la pandemia) nos ha demostrado una vez más la capacidad de movilización. Esa experiencia nos ha enseñado, no solo a enfrentar momentos difíciles, sino que también valores como la solidaridad y la búsqueda de solución a los problemas que enfrentamos de forma organizada y no individual”, apuntó el líder comunitario.
Según Leiva, hablar de soberanía alimentaria en Santa Marta es mucho más complejo que solo producir, pero asegura que no han abandonado la idea de “transitar hacia la agroecología y la soberanía alimentaria”.
Proceso organizativo: clave para el funcionamiento de las iniciativas de protección
El plan diseñado por el liderazgo de la comunidad Santa Marta incluyó otras acciones de carácter organizativo para proteger a los habitantes. Deisy Rivas fue parte de la comisión de comunicaciones en el colectivo de protección comunitaria que se instaló. Ella explicó que, aunque no se trataba de un control estricto para limitar la movilización de las personas, sí diseñaron un método para ordenar los días en que podían salir.
“Se realizó un proceso de carnetización para coordinar las entradas y salidas de la comunidad. A cada familia se le permitían dos salidas semanales y se hizo un calendario en el que estas se marcaban. Esto duró 1 mes y terminó cuando el gobierno estableció salidas por el número de DUI. No se hizo para controlar a las persona, sino para facilitar el trabajo del centro de control y evitar contagios”, mencionó.
Rivas asegura que, al menos para esta acción del plan comunitario, no hubo resistencia de los habitantes. “Las personas creyeron en el esfuerzo que se estaba haciendo para proteger a la comunidad”, agregó. Aunque las salidas eran limitadas, se estableció que no habría restricción en caso de emergencias y para la compra de medicamentos.
Además, la joven contó que se identificaron a las familias que estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad y se gestionó la entrega de alimentos básicos. “Se coordinó con el INVER para que focalizara su producción para esas personas con más necesidades de alimentos, se hicieron canastas con insumos que generaban mayores beneficios a la salud y a las defensas del organismo”, dijo Rivas.
La joven comunicadora lamentó que por las disposiciones del gobierno central el plan diseñado por la comunidad no pudiera implementarse como estaba pensado. “El gobierno dejó solas a las comunidades que querían continuar con la prevención, pero (el plan) se tuvo que levantar. La campaña de miedo que se hizo del gobierno afectó y por eso también hubo campañas motivacionales para contrarrestar los impactos de ese discurso”.
A los esfuerzos de la comunidad se sumó el apoyo de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), organización creada en 1993 en el seno de la comunidad. Desde esta ONG se gestionaron fondos para apoyar las medidas sanitarias y el apoyo alimenticio a las familias.
Digna Martínez, coordinadora de programas ADES, explicó que obtuvieron apoyo financiero de la cooperación de Canadá para ampliar el invernadero que pasó de un área de producción de 4 mil a 10 mil metros a cuadrados. “Contar con esas instalaciones fue esencial para la comunidad, pues se pudo abastecer con hortalizas. El apoyo canadiense sirvió para ampliar el área de cultivo y la entrega de canastas a cerca de 100 familias”, mencionó. También comenta que las mujeres desarrollaron cultivos en sus casas, cosechando sus propios alimentos y reduciendo la dependencia del mercado.
Aunque la mayoría de la comunidad estuvo de acuerdo con las acciones, hubo algunas resistencias, sobre todo de propietarios de tiendas y pequeños comercios, debido a que durante la cuarentena obligatoria se limitó la venta de productos no necesarios como bebidas carbonatadas y alcohólicas. “Ellos se enojaban porque los camiones de bebidas no era permitido que ingresaran. Para resolverlo se hicieron reuniones, se explicaban las razones de por qué se había tomado esa decisión y había cierto nivel de comprensión de que era para protegernos”, mencionó Leonel Rivas.
Para este líder comunitario el diálogo fue importante para que las personas comprendieran la gravedad del problema de salud que se vivía y la necesidad de no perder el sentido de comunidad que les ha caracterizado. “En el caso de Santa Marta hemos vivido en el pasado momentos difíciles que nos han enseñado que cuando hay crisis la única manera de buscar salidas es trabajar con objetivos comunes, no quedarse de brazos cruzados”, agregó.
Santa Marta es una de las comunidades que durante la guerra civil (1980-1992) tuvieron que salir del país para salvar la vida de sus habitantes. Durante algunos años permanecieron en campamentos de refugiados instalados por Naciones Unidas en Mesa Grande, Honduras, donde desarrollaron un proceso organizativo. A finales de los 80’s volvieron a su territorio a repoblarlo. Al llegar no encontraron nada fue entonces que la organización, unidad y el trabajo en equipo de las familias construyó desde cero lo que ahora es la comunidad.
“Hay un pasado que nos enseña mucho, hay conocimiento técnico en muchas personas para consultar y pedir opinión, son las variantes que más ayudaron a tomar decisiones. Nosotros decimos actuar. En la comunidad el vínculo más favorable ha sido la identidad”, apuntó Leonel Rivas.
Radio Victoria: comunicación y educación para la comunidad
Durante el exilio en Honduras la comunidad fortaleció su proceso de organización y también creó su propia herramienta de comunicación: una radio comunitaria. La iniciativa surgió como un circuito cerrado de bocinas, al volver a El Salvador el sueño tomó más forma y con ello nació Radio Victoria. Esta emisora ha sido importante en los diferentes momentos de la historia de la comunidad, por ejemplo durante la resistencia contra la minería metálica, difundiendo información y acompañando a las comunidades, con apoyo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), coordinadora nacional de medios comunitarios de la que es miembra fundadora.
En medio de la pandemia Radio Victoria continuó con su labor y trabajo comunitario, aunque para proteger a sus talentos también ha tomado medidas de prevención. Marixela Ramos, integrante del equipo de dirección de la emisora, contó que para mantener el vínculo con la audiencia se tomaron una serie de iniciativas como orientar toda su programación hacia la educación y sensibilización para la prevención.
“Aunque se cerraron las puertas de la radio hubo apertura de micrófonos en cualquier momento de la programación. La gente tenía mucho que decir. Se permitió a las personas hablar, decir cómo se sentían y se abrieron espacios nuevos para conversar con la audiencia, sobre todo con las mujeres. Del 100% de llamadas el 80% eran de mujeres”, mencionó Ramos.
También dijo que para la emisora la salud mental fue uno de los principales temas que se abordaron. “Con la audiencia se hicieron campañas y lo que íbamos conociendo lo transmitíamos a la gente”, agregó.
“Habían espacios que orientaban sobre como llevar la cuarentena. Todos los sábados abríamos los micrófonos para explicar como sobrellevar el estrés con los niños, los traumas, qué hacer si se era sospechoso o positivo a COVID-19 porque hubo discriminación, se tuvo que explicar a la gente porque no había que estigmatizar ni discriminar. Se orientó la programación hacia eso en sintonía con las estrategias de prevención de la comunidad Santa Marta donde está la mayor audiencia”, recordó.
Además, Marixela Ramos explicó que la radio sirvió como enlace entre comunidades y familias debido a que la comunicación se perdió por el encierro. Contó que las personas llamaban para que, a través de la emisora, sus familiares en otras zonas supieran que estaban bien.
La mayor parte del personal de la emisora vive en Santa Marta, por lo que para ellas apoyar las iniciativas de su comunidad era importante. “La radio se involucró en las medidas que hizo la comunidad, la mayoría del personal se sumó de forma voluntaria en el centro de control sanitario y la producción de alimentos”, explicó Ramos.
La radio fue también un mecanismo para promover la producción local, en el invernadero y la creación de huertos caseros. A través de ella, personal técnico de ADES explicaba el método para que las familias pudieran crear los huertos en sus hogares, contó Miriam García comunicadora de ADES.
“En tiempos de la cuarentena las personas llamaban para contar que habían creado su propio huerto. Hubo más de 10 experiencias que se formaron y se conocieron a través de la radio”, recordó Marixela Ramos.
La pandemia de COVID-19 continúa y, aunque los casos siguen aumentando en el país, experiencias como la de Santa Marta y otras comunidades organizadas, como Nuevo Gualcho, en Nueva Granada, Usulután, demuestran que la organización local es clave para hacer frente a las pandemias y otras crisis, practicando la solidaridad, la unidad y la búsqueda del bien común.
Créditos:
Redacción e investigación: Norma Ramírez
Apoyo logístico: Marixela Ramos
Edición: Leonel Herrera
Podcast: Norma Ramírez
Fotografías: Cortesía Radio Victoria, ADES y Comunidad Santa Marta
