Por Red Informativa de ARPAS/Foto: Asamblea Legislativa
En la sesión plenaria de este martes, la bancada de Nuevas Ideas introdujo al pleno legislativo, con dispensa de trámite, propuestas de reformas a la Ley de la Carrera Judicial las cuales fueron aprobadas de manera inconsulta e inmediata por los diputados oficialistas y sus aliados.
Los parlamentarios, afines al Gobierno de Nayib Bukele, reformaron también la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Las modificaciones permitirán: jubilar a magistrados de cámara, jueces y auxiliares fiscales que sobrepasen los 60 años de edad o los 30 años de servicio. Además, que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía trasladen a sus empleados por discrecionalidad de sus máximas autoridades.
Mediante un comunicado, la Fundación Cristosal calificó las reformas como un “grave atentado a la independencia judicial” que “afectan a la garantía y tutela de los derechos humanos en El Salvador”. También consideran que representan una continuidad del golpe de Estado iniciado el 1 de mayo pasado.
Con la entrada en vigencia de las reformas se removerá de su cargo a 156 jueces, entre los cuales se encuentra el juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, titular del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a quién se le impidió acceder a archivos militares relacionados a dicho caso.
Para el jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales, no es la primera vez que el gobierno de Nayib Bukele busca proteger a los perpetradores de la masacre de El Mozote. Morales lamentó la decisión de los diputados y dijo que “hay un evidente propósito del régimen del presidente Bukele y su Bancada Cyan de seguir cooptando al Órgano Judicial y evitar de esta manera el control judicial de sus abusos de poder”.
En el caso Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República las reformas establecen que “la carrera fiscal finalizará de manera obligatoria cuando las personas comprendidas en ella cumplan 60 años de edad. La presente regla no aplicará al fiscal adjunto, auditor fiscal y al secretario general en atención a la temporalidad de su designación”. Además derogan el artículo 47 y 48 de la normativa.
Para la abogada Ruth Eleonora López las reformas son inconstitucionales. “No hay medias tintas, la Ley Orgánica Judicial solo puede ser reformada por iniciativa de la CSJ”, expresó.
Esta decisión de la denominada “bancada cyan” y sus aliados en la Asamblea Legislativa se da tres meses después de los hechos del 1 de mayo, cuando destituyeron a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General e impusieron a funcionarios afines a los intereses del gobierno.
