Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Corte Suprema de Justicia
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, impuestos por el oficialismo el 1 de mayo, juramentaron este domingo a 98 abogados que suplirán a los jueces y magistrados que renunciaron o fueron cesados de sus cargos tras la aprobación de las cuestionadas reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Esto pese a que la Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel ordenó detener el proceso.
El presidente impuesto del Órgano Judicial, Óscar López Jerez, señaló que recibieron la renuncia de 100 jueces y 112 solicitudes de incorporación al régimen de disponibilidad. Los nuevos funcionarios judiciales tomaron posesión de sus cargos este lunes.
Uno de los jueces separado de su cargo es Jorge Guzmán, quien desde 2016 tenía a su cargo el proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños. En una entrevista en la radio YSUCA, Guzmán señaló que no renunció a su cargo. “Había 4 excepciones a mi retiro, una de ellas era la adopción de medidas cautelares que cesen el efecto del Decreto. Por tanto, me han destituido ilegalmente”, dijo.
De acuerdo con Guzmán “había medidas cautelares que impedían la aplicación del Decreto 144 y en el fin de semana se nombró a otro juez para el caso El Mozote, por tanto, es una destitución ilegal”.
Además, indicó que la investigación presentaba significativos avances luego que la Embajada de Estados Unidos le informara sobre la desclasificación de documentos relacionados al caso.
Sin embargo, el presidente de la CSJ impuesto dijo que el caso El Mozote “tendrá que comenzar de nuevo por el cambio de juez”. “Jorge Guzmán, juez (titular) del caso renunció y no aceptó el régimen de disponibilidad”, dijo el fin de semana a la prensa.
La Corte Suprema de Justicia también realizó traslados de jueces y magistrados en diversos tribunales del país, pese a que la Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel le ordenó no aplicar el Decreto Legislativo 144 que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, como medida cautelar por una demanda interpuesta por jueces.
Entre los traslados se encuentra el del juez Juan Antonio Durán, quien ha cuestionado las decisiones del Órgano Judicial y las reformas a la Ley aprobadas por los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa. Según la Corte, Durán sería enviado del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador al Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca.
Sin embargo, mediante sus redes sociales, el profesional expresó su rechazo y denunció su traslado.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, así como la Embajada de Estados Unidos en el país han condenado los constantes ataques contra la independencia judicial.
Recientemente, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fueron incluidos por Estados Unidos en la Lista Sección 353 de Actores Corruptos y Anti Democráticos, mejor conocida como “Lista Engel”, tras ser nombrados inconstitucionalmente y por emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña.
Tras el descontento, en redes sociales, están convocando a desarrollar nuevas movilizaciones populares, para el 30 de septiembre, mientras que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular integrado por al menos 40 organizaciones de la sociedad civil llamará a nueva marcha masiva para el 12 de octubre.
