Por Red Informativa de ARPAS
A más de 2 años del feminicidio de Fernanda Nájera familiares denuncian un proceso judicial plagado de inconsistencias y que podría buscar la impunidad del feminicida Michael Alejandro Castillo Murga.
María de los Ángeles Quezada, madre de Fernanda, resiente la falta de apoyo del Estado.
Quezada llegó hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en San Salvador, acompañada de representantes de la Colectiva Amorales y Colectiva Feminista para solicitar que la institución retome el caso y haga una investigación exhaustiva de la violación de derechos humanos a su familia.
El Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para la Mujer de Santa Ana, instalará la audiencia preliminar en contra de los imputados por el feminicidio de Fernanda este viernes 24 de septiembre.
Anteriormente, dicho Juzgado suspendió la audiencia en dos ocasiones durante este año, la primera vez en mayo y la segunda el pasado 17 de agosto, cuando los defensores de los procesados presentaron constancias médicas por COVID-19.
Ante la situación, los familiares de Nájera interpusieron en la oficina de derechos humanos de Santa Ana una denuncia en contra de la jueza por “atraso de justicia”.
El 31 de enero de 2019, Michael Alejandro Castillo, sacó de casa a Fernanda y a su hijo con el engaño que harían los trámites para darle el apellido al menor. El 2 de febrero se localizó el cuerpo de ella en unos cafetales en la carretera que conduce de Ahuachapán hacia Ataco. Mientras que el hijo de la joven, de entonces un año y siete meses, fue abandonado en una finca de la misma localidad por casi 80 horas, según el informe médico.
