(10 hechos que confirman el autoritarismo y la proyección dictatorial del gobierno de Bukele)            

Por Leonel Herrera * / Foto: Cortesía

El presidente Nayib Bukele niega que en el país haya una dictadura o que camine hacia un régimen totalitario. “Protestan contra una dictadura que no existe”, dijo el mandatario salvadoreño en su discurso de conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en el que descalificó las masivas y diversas movilizaciones sociales del pasado 15 de septiembre que protestaron contra la deriva autoritaria de su gobierno.

Las mayoría de definiciones de dictadura hacen referencia a situaciones como la concentración del poder y el control gubernamental de las demás instituciones estatales, la ausencia de estado de derecho, la persecución de disidentes y opositores, la imposición de políticas impopulares, la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, narrativas mesiánicas y populistas, entre otras.

Desde esa perspectiva, aquí se plantean diez hechos o situaciones que confirman el carácter autoritario del gobierno de Bukele y muestran que -si esto no se revierte- el país sí camina hacia la consolidación de una dictadura, a pesar de todavía “no haber lanzado la primera bomba de gas lacrimógeno” o reprimido alguna protesta social.

1. El control de todo el aparato estatal, la eliminación de separación de poderes y el sometimiento de las instituciones a los deseos, caprichos y delirios dictatoriales del presidente

Desde el 1o. de mayo de este año el bukelismo controla la Asamblea Legislativa y, con ello, ha pasado a tener bajo su dominio también a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. En su primera sesión plenaria la bancada oficialista destituyó sin seguir el debido proceso y sin causas justificadas a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, colocando en su lugar a funcionarios serviles a los intereses del mandatario.

Los magistrados impuestos acaban de avalar la reelección presidencial y el fiscal impostor ha suspendido investigaciones que llevaba su antecesor, entre éstas las negociaciones del gobierno con las maras y los casos de corrupción que había presentado la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Los magistrados bukelistas también han frenado la extradición de cabecillas pandilleriles reclamados por Estados Unidos.

El pasado 31 de agosto la bancada cyan también aprobó una reforma a la Ley Orgánica Judicial para “jubilar” obligatoriamente a un tercio de los jueces y juezas del país. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya está cooptado, prueba de esto es que acató la resolución que autoriza a Bukele a presentarse como candidato a la reelección. Los magistrados de la Corte de Cuentas podrían ser relevados en cualquier momento.

2. La remilitarización del país, el retorno de la beligerancia de las Fuerzas Armadas  y la instrumentalización política de la Policía Nacional Civil (PNC)

El presidente Bukele ha restablecido el protagonismo político a las Fuerzas Armadas que les había sido proscrito por los Acuerdos de Paz que terminaron con doce años de guerra civil y cinco décadas de militarismo. El hecho que mejor evidencia la remilitarización de la política salvadoreña es la participación de soldados y policías en el fallido golpe presidencial contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020.

El pasado 19 de julio, en el lanzamiento de la cuarta fase del “Plan Control Territorial”, el mandatario anunció que duplicará la cantidad de soldados y el 25 de agosto invitó a 20 mil jóvenes a enlistarse en el ejército. Bukele también ha convertido a la Policía en un cuerpo de agentes gubernamentales que desobedecía órdenes de la Fiscalía y de la Asamblea cuando estas instancias aún no estaban alineadas con Casa Presidencial.

3. La falta de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas

El oficialismo controla el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desde diciembre de 2020 cuando cambió la correlación con comisionados afines al gobierno, aprobó la “Ley Alabí” para poner un manto de impunidad sobre las irregularidades cometidas en el uso de fondos públicos durante la pandemia y cerró la CICIES cuando ésta presentó doce denuncias de corrupción y asistía en otros veinticinco casos a la Fiscalía.

Para simular que combate la corrupción, la bancada oficialista creó comisiones especiales para investigar sobre la entrega de fondos a ONGs y pago de sobresueldos a ex funcionarios. También eliminó la prescripción de delitos de corrupción, mientras -por otro lado- oculta información sobre salarios, viajes y otros gastos y pretende reformar la LAIP para declarar información reservada las declaraciones patrimoniales de los funcionarios actuales.

4. La intolerancia, los discursos de odio y la persecución de opositores, disidentes del discurso presidencial  y críticos de las políticas gubernamentales

El presidente Bukele es intolerante a las críticas, mantiene una actitud hostil hacia quienes disienten del relato único gubernamental y promueve discursos de odio contra quienes considera sus adversarios. Esto último ha derivado ya en actos de violencia física como el asesinato de dos militantes del FMLN el 1o de febrero y la agresión policial contra una periodista de El Diario de Hoy el 7 de julio de este año.

Las descalificaciones, estigmatizaciones y ataques en redes sociales son una práctica permanente de actores gubernamentales, incluido el propio presidente Bukele. Con el dudoso argumento de perseguir la corrupción y sin respetar el debido proceso, el gobierno y su fiscal impuesto también han procesado a varios ex funcionarios de gobiernos anteriores y a políticos de partidos de oposición.

5. La imposición de medidas impopulares, la confrontación permanente y la ausencia de diálogo con la sociedad

Con el mandato popular como pretexto o justificación el bukelismo impone sus políticas, algunas de éstas rechazadas por la población como el uso del bitcoin como moneda. Según encuestas de la Universidad Francisco Gavidia, LPG Datos y de la UCA, más de 70% de la población rechaza esta medida aprobada por la Asamblea sin ningún debate técnico, solo cinco días después del anuncio presidencial y con tres horas de proceso legislativo.

La administración Bukele no tiene ningún mecanismo de consulta y diálogo social, tiene la confrontación permanente como metodología de gobierno y las decisiones las toma el presidente, sus hermanos y unos asesores derechistas venezolanos que tienen más poder que los ministros. La Ley del Bitcoin, por ejemplo, fue acordado por los hermanos de Bukele en reuniones secretas con promotores criptomonederos.

6. Las vulneraciones a la libertad de prensa y los ataques al periodismo fiscalizador del desempeño gubernamental

En diversos momentos el presidente y varios de sus funcionarios han arremetido contra periodistas y medios de comunicación que publican información crítica sobre la gestión gubernamental o revelan irregularidades en el uso de fondos públicos. El presidente de una institución autónoma, incluso, declaró “héroe nacional” en su cuenta de Tuitter al policía que agredió físicamente a un periodista.

Para contrarrestar al periodismo crítico e imponer su versión de los hechos como verdad, el gobierno ha consolidado un aparato propagandístico que incluye medios tradicionales (una televisora, radios y un medio impreso), periódicos digitales y uso intensivo de redes sociales. A esto se suman medios privados en régimen de extinción de dominio y otros medios comerciales que están cooptados por la publicidad estatal.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denuncia que en el gobierno de Bukele se han triplicado las vulneraciones al ejercicio periodístico. La más reciente son las presiones y amenazas del asesor jurídico presidencial Javier Argueta contra el medio digital GatoEncerrado para que revele la fuente según la cual él se reunió con los magistrados del TSE horas antes de que éste acatara la resolución que avala la reelección presidencial.

7. El discurso mesiánico y populista, el abuso de la cuestión religiosa y la tergiversación de la historia

Nayib Bukele se presenta como salvador del pueblo, re-fundador del país y enviado de Dios. Durante el asalto al palacio legislativo del 9F dijo que “Dios le pidió paciencia” y por eso no “apretó el botón”; y en ese mismo lugar, pero en junio de 2021, en su discurso de segundo año de gestión, advirtió que seguirá trabajando por el pueblo y combatiendo a los mismos de siempre «mientras Dios le de fuerzas”.

Hace dos semanas, en respuesta a un performance de la Colectiva Amorales realizado en un acto de protesta antigubernamental, el mandatario recitó en Twitter fragmentos del Salmo 91. A este abuso de lo religioso, se suma la estrategia populista que consiste en hablar en nombre del pueblo: con Bukele gobierna el pueblo y, por tanto, todas sus acciones responden al mandato popular.

Complementariamente hay un intento de “reescribir la historia”, calificando como farsa hechos relevantes y colocando su llegada al poder como el inicio de la verdadera historia, antes de lo cual solo había tinieblas. Por ejemplo: Bukele califica como “farsa” los Acuerdos de Paz que abrieron el proceso de democratización del país sin el cual él mismo no habría sido presidente de la república.

8. La propuesta de reformas constitucionales y el intento de reelección presidencial

En la noche del 15 de septiembre Bukele recibió de su vicepresidente Félix Ulloa un paquete reformas a la Constitución que incorpora algunos puntos que son demandas de la población, como el derecho al agua y la alimentación, pero contiene elementos perniciosos como la eliminación de la prohibición de partido único, la posibilidad de legalizar grupos armados y el aumento de competencias el Ejecutivo.

Las reformas parecen tener como objetivo adecuar el marco constitucional a las ambiciones antidemocráticas de Bukele. A esto se suma la espuria resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta que da luz verde a la reelección presidencial, a pesar de estar expresamente prohibida en varios artículos de la Constitución que establecen obligatoria la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

9. El contubernio con grupos oligárquicos

Activistas entusiastas del oficialismo, como Dagoberto Gutiérrez y el sociólogo René Martínez Pineda, definen al gobierno de Bukele como “anti-oligárquico”. Sin embargo, hasta hoy el bukelismo no ha aprobado una sola medida contra las élites pudientes del país,  como -por ejemplo- medidas tributarias progresivas para hacer pagar más a quienes tienen más, teniendo la suficiente correlación legislativa para hacerlo.

Bukele y su bancada cyan mantienen intacto el regresivo esquema fiscal heredado de los gobiernos anteriores, no revierten la veintena de leyes que permiten la elusión de impuestos y, en vez de eso, optan por la vía fácil y peligrosa del endeudamiento público. Argumentando que la protección del medioambiente no debe frenar el desarrollo, el Ejecutivo autoriza proyectos como “Valle El Ángel” a la oligárquica familia Dueñas.

A excepción de una parte de los Simán liderada por Javier Simán (ex presidente de la ANEP y ex precandidato presidencial de ARENA), el resto de grupos empresariales (Kriete, Poma, Callejas, etc.) parecen muy cómodos con Bukele. Durante la pandemia el presidente se reunió con ellos para acordar la reapertura de actividades económicas y los llamó “los empresarios más importantes del país”.

10. Las negociaciones con las pandillas y la cooptación del Estado por grupos criminales

Publicaciones de El Faro confirman que la administración Bukele mantiene acuerdos con las principales pandillas, basados sobre todo en beneficios carcelarios a cambio de mantener bajo el índice de homicidios, hecho que la propaganda oficial adjudica al Plan “Control Territorial”. El presidente y los funcionarios involucrados no dan explicaciones y se han limitado a descalificar las investigaciones periodísticas.

Gobiernos anteriores negociaron con las maras, pero lo de Bukele podría ser no una simple tregua como las del pasado, sino una alianza estratégica para la gobernabilidad. Así advierten expertos en seguridad pública como Jeannette Aguilar, para quien eso podría culminar en una cooptación del Estado por grupos criminales en contubernio con las autoridades gubernamentales de seguridad.

Entonces, si no es autoritario y no camina hacia una dictadura, ¿cómo más podría definirse a un gobierno donde el presidente concentra el poder, controla todo el aparato estatal, está remilitarizando el país, no rinde cuentas, impone sus políticas, no respeta la libertad de prensa, persigue a sus críticos, pregona discursos de odio, es populista, quiere perpetuarse en poder, quiere cambiar la constitución a su medida, está aliado con grupos oligárquicos y tiene acuerdos ilegales con grupos criminales?

*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS. Miembro de la Mesa de Protección a Periodistas y de la Red por el Derecho a la Comunicación.