Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Pro-Búsqueda
Las organizaciones que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones denuncian que las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobadas de manera inconsulta por los diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa, afectan directamente a las víctimas de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad de El Salvador.
Las reformas separan de sus cargos a jueces mayores de 60 años, entre los cuales se encuentra el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Juzmán Urquilla, titular del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
En ese sentido, los representantes de las víctimas del caso expresaron su temor de perder tiempo y sufrir retrocesos en el proceso, si se cambiara al juez de la causa. Para ellos, esto permitiría que prevalezca la impunidad.
De acuerdo con el Jefe Jurídico de Justicia Transicional de la Fundación Cristosal, David Morales, con las modificaciones está el riesgo de que se nombren “jueces a la carta”. “Recordemos la obstrucción a las inspecciones de los archivos militares. La justicia está en riesgo y por eso pedimos que las reformas sean derogadas, que el presidente Bukele las rechace”, señaló.
Las organizaciones condenan que el gobierno utilice un falso discurso de lucha contra la corrupción para consolidar un Golpe de Estado a la actual justicia, por lo que exigen a la Asamblea Legislativa desistir de los constantes ataques a la independencia judicial y que deroguen las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y Ley Orgánica de la FGR, y al presidente Nayib Bukele piden que las vete por ser inconstitucionales.
