Por: Red Informativa de ARPAS/Fotografía Policía Nacional Civil
Frente al grave incremento de los asesinatos presuntamente cometidos por pandillas durante los últimos días, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hace un llamado al gobierno a revisar sus planes de seguridad pública.
En un pronunciamiento emitido por el procurador en funciones Ricardo Salvador Martínez, la PDDH insta al Ejecutivo a “promover un proceso de evaluación de los planes actuales de seguridad, de forma integral con la participación de la ciudadanía”.
El llamado de la Procuraduría es relevante, ya que las estrategias de seguridad pública concentradas en el “Plan Control Territorial” nunca han sido evaluadas ni sometidas al escrutinio ciudadano. El pasado 19 de julio, el presidente Nayib Bukele lanzó la “cuarta fase” del referido plan, que consiste en duplicar la cantidad de efectivos militares activos, lo cual ha sido calificado por FESPAD, CRISTOSAL y otras organizaciones como una profundización de la militarización del país.
El aumento de asesinatos
El discurso gubernamental presenta al “Plan Control Territorial” como exitoso y la “reducción de homicidios” como uno de sus presuntos logros. Sin embargo, durante este semana ha habido un fuerte repunte de homicidios: al menos 50 personas han sido asesinadas durante los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de noviembre, según diferentes reportes periodísticos.
El drástico incremento de homicidios ha estado precedido por un aumento de las desapariciones de personas, situación que el gobierno intentó ocultar y minimizar y hasta responsabilizó a las víctimas, en vez de asumir la problemática y su responsabilidad de actuar para resolverla.
Frente a la repentina subida de los homicidios, el gobierno anunció un mayor despliegue militar y la incursión de soldados y policías a las comunidades donde se han registrado los asesinatos, evidenciando que quienes controlan el territorio siguen siendo las maras y no el gobierno.
Posible ruptura del pacto con las maras
En septiembre de 2020 El Faro reveló que la administración Bukele llevaba más de un año negociando con una pandilla reducción de asesinatos y apoyo electoral, y en agosto de 2021 el semanario digital confirmó que tal negociación incluía a las dos principales pandillas que operan en el país. Según, la investigación periodística basada en documentos de la Fiscalía, el gobierno otorga beneficios a miembros de maras a cambio mantener bajo el índice de homicidios.
En este sentido, la causa de la subida de los homicidios podría estar relacionada con alguna ruptura de esos acuerdos o una forma de presión pandilleril para obtener nuevos beneficios del gobierno.
Proteger a la población
Frente al grave aumento de asesinatos, la PDDH pide al gobierno “adoptar medidas inmediatas para la protección de las comunidades y la población en general que se ven amenazadas ante esta nueva ola de afectaciones al derecho a la vida, integridad y seguridad por parte de estructuras criminales”.
También llama al fiscal general, al ministro de Seguridad y al director de la Policía Nacional Civil (PNC) a coordinar eficazmente acciones inmediatas para enfrentar la situación. La PDDH también exhorta a la población a “rechazar la violencia, la polarización y la conflictividad”; y llaman a la organización comunitaria y el restablecimiento del tejido social del país.
