Por Red Informativa de ARPAS

La omnipresente propaganda gubernamental intenta convencer a la población de que el 2021 ha sido un año de logros y avances. Sin embargo, basta una mirada mínimamente crítica para constatar que el país va por mal camino y que en todos los aspectos se registran graves retrocesos, sobre todo en institucionalidad democrática.

Como bien señala la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, en lo económico destacan “el aumento de precios de los productos básicos, el alto costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos”; y la crisis de las finanzas públicas se agravó con el “mayor endeudamiento, la falta de una reforma fiscal progresiva, el despilfarro de dinero público y la corrupción generalizada”.

A lo anterior se suman las incertidumbres que genera la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, medida que es presentada por el presidente Nayib Bukele como la panacea para resolver los problemas del país.

Sobre medioambiente, la Coordinadora señala el agravamiento del deterioro ecológico dada “la ausencia de políticas de saneamiento, descontaminación y protección de los bienes hídricos”; y advierte que tal situación “puede  empeorar con obras urbanísticas como Valle El Ángel y el retorno de la minería metálica con la aprobación de una nueva ley y la incorporación de El Salvador a un foro internacional que promueve esta nociva industria extractiva”.

En seguridad pública “las desapariciones son una triste realidad que la administración Bukele y su Fiscalía intentan ocultar, minimizar o culpar a las víctimas y a sus familiares por el problema”, afirma la Coordinadora; y señala que la reducción de asesinatos presentada como logro del “Plan Control Territorial” se desmiente con las desapariciones y la empaña un oscuro pacto gubernamental con las maras que ha sido revelado por el periodismo investigativo.

La Coordinadora también pone en duda el otro gran logro que difunde el gobierno: la atención de la emergencia por el COVID-19, pues el “exitoso proceso de vacunación” tiene detrás, entre otros aspectos negativos, la falta de información sobre la situación real de la pandemia y el uso intransparente de los fondos.  

Hablando de corrupción, para asegurar la impunidad, el oficialismo aprobó la “Ley Alabí” y cerró la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), instancia que había presentado 12 avisos y asistido a la Fiscalía en otros 25 casos.

La Coordinadora también menciona el drama migratorio de “cientos de compatriotas abandonan diariamente el país debido a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades”; y cuestiona que -dada la confrontación que mantiene con Estados Unidos- “Bukele no tiene posibilidades de interceder ante las autoridades norteamericanas por una reforma migratoria que beneficie a la diáspora salvadoreña”.

Finalmente, sobre institucionalidad democrática, “el oficialismo tomó el control total del aparato estatal y acabó con la separación de poderes, la independencia judicial y la vigencia de la legalidad”, tras la destitución del Fiscal y de los magistrados de la Sala Constitucional. Bukele, además, “vulnera la libertad de expresión y de prensa, mantiene discursos de odio y confrontación, persigue a quienes considera opositores, incluidos periodistas, analistas, activistas y organizaciones ciudadanas”, denuncia la Coordinadora.

Por estas y otras situaciones -que por falta de tiempo y espacio no han sido mencionadas en este editorial- el balance del 2021 es negativo, muy negativo: nefasto.