Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía cortesía Co Latino
La Asociación Tutela Legal y la organización Cristosal, demandaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a la Corte Suprema de Justicia, por el nombramiento irregular de la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo y el Magistrado de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, Fausto Paiz, quienes conocerán el caso de la masacre el Mozote y sitios aledaños.
De acuerdo con la demanda de las organizaciones, el nombramiento de dichos funcionarios judiciales es ilegal “pues adolece de nulidad al haberse consumado por la CSJ omitiendo fases esenciales establecidas en la ley”
Las organizaciones señalan que el proceso judicial de la masacre de El Mozote estaba por pasar a la etapa final, es decir, a la de sentencia. Además, consideran que “hay suficiente prueba que permite responsabilizar a los culpables”, pero que estos nombramientos amenazan los resultados obtenidos hasta el momento, por lo que solicitan se emita una medida cautelar que los suspendan y “se restituya al juez Jorge Guzmán, quien ha sido el juez de la causa de El Mozote desde que se reactivó el caso hace cinco años”.
Los nuevos funcionarios judiciales fueron nombrados tras la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 144 que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, aprobado por diputados oficialistas e implementadas por los magistrados impuestos el 1 de mayo de este año.
Conmemorarán 40 años de la masacre
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 el batallón Atlacatl, de la Fuerza Armada de El Salvador, realizó un “operativo” al norte del Departamento de Morazán en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, que terminaron en una serie de masacres sucesivas.
En las matanzas fallecieron más de mil personas, incluidas niñas, niños y personas adultas mayores. Los soldados ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron. Muchas personas fueron desplazadas a otras regiones del país o emigraron a Honduras a campamentos de refugiados de Naciones Unidas.
En los próximos días, diversas organizaciones, familiares de la víctimas y sobrevivientes a la masacre se reunirán para exigir justicia y conmemorar la fecha en el sitio histórico donde se encuentra el monumento a las víctimas.
