Por Red Informativa de ARPAS
Durante la sesión plenaria de este martes, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 64 votos las reformar la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.
De acuerdo con los legisladores, con las modificaciones incorporan sanciones a las prácticas que, con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, puedan constituir delitos. Además aprobaron el aumento de las penas de cárcel para quienes infrinjan lo establecido en la normativa.
En casos de delito de estafa informática se establece una pena de 5 a 8 años de prisión y de 8 a 10 años si el delito es cometido con presupuesto en perjuicio de propiedades del Estado, contra sistemas bancarios y entidades financieras.
Por interferencia del sistema informático las sanciones serán de de 3 a 6 años de cárcel y aumentará de 4 a 7 años cuando la interferencia sea a sistemas informáticos destinados a servicios de salud, comunicaciones, provisión y transporte de energía, medios de transporte, servicios financieros o transacciones en Bitcoin u otras criptomonedas.
En los delitos contra la niñez, las reformas incorporan un capítulo donde se establece una pena de uno a 3 años de prisión “para quienes haciendo uso de las tecnologías de la información seduzcan a niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad”.
Mientras que los que envíen, soliciten, intercambien o transmitan audios, imágenes o videos de contenido sexual, o sexualmente explícitos reales o simuladas con dicho grupo de la población serán castigados con prisión de 2 a 4 años.
Asimismo, las modificaciones establecen la asignación de fondos para la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, las cuales podrán contar con Unidades de Investigación Científica de los Delitos Informáticos, Tratamiento y Análisis de la Evidencia Digital.
Contexto hostil para voces críticas
La aprobación de la reforma se da un contexto hostil para las voces que critican, principalmente al gobierno y al oficialismo en la Asamblea Legislativa. El caso más reciente es el de la investigadora Jeannette Aguilar quien fue denunciada ante la Fiscalía por supuestamente “difamar” a la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
«Como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar», escribió en Twitter la investigadora haciendo referencia a una publicación en la que se señalaba que Pineda supuestamente ha utilizado fondos públicos para cirugías.
Tras la publicación, Pineda acusó a la investigadora de «difamarla» y el lunes presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República controlada por el oficialismo. Pineda asegura que no pide compensación económica, sino una «disculpa pública» por parte de Jeannette Aguilar.
Diferentes organizaciones han cuestionado este hecho al considerar que no existe tal delito y que esto constituye “persecución” a las voces críticas.
