Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Colectiva Feminista
Karen, Kathy y Evelyn, recibieron su libertad el pasado 23 de diciembre luego de pagar injustamente con prisión una condena impuesta por el Estado salvadoreño que las criminalizó tras sufrir una emergencia obstétrica.
Ellas son parte de un grupo de mujeres que han sido condenadas por enfrentar complicaciones de salud durante su embarazo.
La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, celebró la liberación de las mujeres y señaló que es el resultado de una “lucha incansable” y de los “esfuerzos colectivos de múltiples organizaciones”.
Recientemente diferentes organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos lanzaron la campaña “Nos Faltan Las 17″, mediante la que piden al gobierno de Nayib Bukele la libertad de mujeres que están en prisión por situaciones similares a las de Karen, Kathy y Evelyn.
“Mientras haya mujeres encarceladas por emergencias obstétricas, seguiremos luchando por su libertad,” aseguró Morena Herrera.
Penalización absoluta
El Salvador es uno de los pocos países que condenan el aborto en cualquier circunstancia. Es por eso que las organizaciones sostienen una lucha para despenalizar la interrupción del embarazo por tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto de estupro o violación en mujeres y menores de edad.
Sin embargo, todos los expedientes que contenían la propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal para la despenalización del aborto heredados de las anteriores legislaturas fueron enviados al archivo por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.
Condena al Estado por criminalización de Manuela
El 30 de noviembre de este año, La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la “por la criminalización arbitraria” de Manuela. “En el presente caso no cabe duda de que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, aseguró el tribunal.
La CIDH señaló al Estado como responsable de la vulneración de los derechos humanos, quien en 2008 fue injustamente condenada a 30 años de cárcel tras sufrir una emergencia obstétrica y falleció en 2010 de cáncer linfático bajo detención, por lo que el tribunal ordenó iniciar un proceso de reparación de daños.
Es la primera vez que una corte internacional señala directamente los obstáculos que enfrentan las mujeres salvadoreñas para acceder a servicios de salud reproductiva.
