La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la semana pasada al Estado salvadoreño por violentar los derechos de “Manuela”, una mujer que sufrió un aborto espontáneo, fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado y murió esposada en la cama de un hospital en el año 2010.

Como muchas mujeres pobres, “Manuela” tuvo una emergencia obstétrica, es decir, abortó accidentalmente, en 2008; y fue procesada como asesina por un Estado que mantiene una legislación que prohíbe y penaliza en forma absoluta el aborto, aun cuando éste sea involuntario.

La sentencia de la CIDH confirma la inocencia de “Manuela”, la violación de sus derechos y la actitud criminalizadora del sistema penal salvadoreño. También señala la inoperancia del sistema penitenciario y de salud pública que la dejaron morir de un cáncer que no detectaron a tiempo.

La CIDH establece medidas de reparación para “Manuela” y sus familiares (padres e hijos). Así mismo ordena al Estado regular adecuadamente el secreto profesional del personal de salud, garantizar atención integral a las mujeres que tengan emergencias obstétricas y establecer en la currícula escolar la salud sexual y reproductiva.

El Estado salvadoreño (Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Fiscalía y Sistema Judicial) deberá acatar esta sentencia. Pero lo que más debería hacer es modificar el marco legal que penaliza el aborto y niega a las mujeres la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo cuando sea necesario.

El oficialismo tiene la correlación más que suficiente para crear una ley que asegure el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y autorice la interrupción del embarazo en las cuatro causales que plantean las organizaciones feministas: cuando esté el peligro la vida de la madre, si la vida del feto no es viable, cuando haya violación sexual y en caso de trata o incesto.

El Salvador es uno de los cinco países del mundo que mantienen la prohibición absoluta del aborto. Esta postura tan anquilosada y troglodita constituye una de las más aberrantes violaciones a los derechos de las mujeres, por lo que debería ser revertida de inmediato.

Mantenerla es una vergüenza nacional y contradice la supuesta perspectiva moderna, novedosa, civilizada y vanguardista que pregona el actual gobierno salvadoreño. Además, cuando era candidato, el presidente Nayib Bukele mostraba simpatía con ésta y otras demandas de las organizaciones de mujeres.