Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía UNES
Organizaciones ambientales señalan que durante el 2021 hubo una tendencia a la degradación de los bienes naturales y retrocesos en la aplicación de políticas públicas, participación ciudadana, justicia ambiental y acceso a la información relacionada con proyectos relacionados al tema.
El balance de la gestión pública ambiental, presentado por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA) y la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), indica que la creación de una Ley General de Recursos Hídricos con perfil privatizador del agua y la aprobación de marcos legales como la Ley Bitcoin son prueba de la falta de voluntad del actual gobierno para proteger el medio ambiente.
Por su parte, las comunidades expresan su preocupación por el agravamiento de la crisis socioambiental que se vive en sus territorios, ya que demás de comprometer sus ecosistemas, medios de vida y salud, patrimonio cultural también vulnera sus derechos humanos.
Condenan la impunidad en el caso Tacushcalco y la amenaza al Río Sensunapán por la posible instalación de una octava hidroeléctrica en el cauce del río.
Según Alejandro Labrador de la UNES existe una “tendencia de profundización de crisis ecológica” debido a factores como: la pandemia por Covid-19, “el manejo oscuro del aparato público y manejo antojadizo de los recursos que debería servir para dignificar a la población”.
Ante el escenario, el colectivo de organizaciones exige a la Asamblea Legislativa la creación y aprobación de marcos legales que garanticen la protección de los bienes naturales y de las personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, así como en favor de la población, particularmente de los sectores más vulnerables como mujeres, campesinos y pueblos originarios.
