La semana pasada Estados Unidos impuso sanciones económicas a tres funcionarios del gobierno salvadoreño. Se trata de Osiris Luna (director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública), Carlos Marroquín (director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación) y Carolina Recinos (jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele).

Luna y Marroquín fueron sancionados por negociar con pandillas y Recinos por dirigir una trama de corrupción. Por esto último también fue sancionada Alma Yanira Meza, la madre de Luna. Las sanciones fueron impuestas a través de la Ley Magnitsky, normativa que las autoridades estadounidenses aplican a personas señaladas de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Lo bueno de esto es que, al menos,  hay una sanción contra estos funcionarios cuyas actuaciones señaladas están impunes. Las negociaciones del gobierno con las maras estaban siendo investigadas por el anterior fiscal Raúl Melara, pero -con la llegada del fiscal impuesto por el oficialismo Rodolfo Delgado- dichas diligencias fueron suspendidas.

Así mismo la corrupción en el uso de fondos públicos era investigada por la CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador), pero con el cierre de ésta y la llegada de Delgado a la Fiscalía estas investigaciones también se truncaron.

Lo malo es -precisamente- que sea Estados Unidos el “juez sancionador”. Esto no solo porque es un país extranjero y su acción menoscaba la soberanía nacional, sino también porque la potencia del norte carece de solvencia moral por haber tolerado históricamente la corrupción y graves violaciones a derechos humanos en el país.

Lo correcto y deseado es que la institucionalidad salvadoreña procesen a éstos y a otros funcionarios señalados de cometer ilegalidades; sin embargo, las instituciones han sido cooptadas por el oficialismo, especialmente la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. La separación de poderes, la independencia judicial, y el estado de derecho han sido desmanteladas por el bukelismo.

Y lo feo es la reacción del gobierno y del propio Nayib Bukele, quien ha defendido a sus funcionarios señalados y arremetió nuevamente contra el gobierno estadounidense, deteriorando aún más las relaciones diplomáticas.

Entre las reacciones más absurdas está también la del asesor presidencial Javier Argueta, quien declaró que ha sugerido a los funcionarios señalados demandar a los periodistas y medios que publicaron la información, lo cual representa una grave amenaza contra la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información pública.