La Mesa de Protección a Periodistas denunció hoy que la bancada parlamentaria oficialista de Nuevas Ideas y sus aliados buscan “legalizar el espionaje”, incorporando en el Código Penal la figura de “agentes digitales encubiertos”. La cuestionada medida ya tiene dictamen favorable y podría ser aprobada en la sesión plenaria de esta misma semana.

La creación de los “agentes digitales encubiertos” se plantea precisamente después de que peritajes técnicos confirmaron que más de 30 periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña han sido objeto de espionaje ilegal mediante el programa “Pegasus”, un software de fabricación israelí que sólo puede se adquirido por gobiernos y agencias estatales de inteligencia.

Lo anterior indica que en El Salvador el espía sería el gobierno de Nayib Bukele y su Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), aunque las autoridades gubernamentales -incluido el propio presidente Bukele- han guardado silencio.

En cualquier otro país del mundo la confirmación del espionaje ilegal habría sido un escándalo político monumental (en Estados Unidos hasta obligó a renunciar a un presidente en los años setenta del siglo pasado), pero en El Salvador esto pasa desapercibido y ¡el oficialismo parlamentario hasta se atreve a legalizarlo en la normativa penal!

En junio del año pasado el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, declaró en una entrevista radial que el gobierno “daba seguimiento a algunos periodistas”. Tal fecha coincide con el período en que se dio el espionaje ilegal contra periodistas de varios medios de comunicación que publican información sobre actos de corrupción, pactos con pandillas y otras irregularidades del gobierno.

Ojalá que la denuncia de la Mesa de Protección a Periodistas despertara la conciencia de la población que todavía no cae en la cuenta de la peligrosísima deriva autoritaria y dictatorial del gobierno de Nayib Bukele y sus hermanos.

La creación de los “agentes digitales encubiertos” es parte también de un paquete de reformas a la Ley de Delitos Informáticos orientadas a criminalizar la crítica periodística y ciudadana, en medio de un contexto creciente de cierre del acceso a la información pública, persecución contra cualquier voz disidente de las narrativas oficiales, instalación de discursos de odio, desmantelamiento de la institucionalidad, concentración de poder, etc.

Si no hay suficiente reacción ciudadana, el carácter antidemocrático del régimen bukelista podría ser irreversible durante los próximos años.

Ojalá que el país logre evitar esta catástrofe.