Por: Leonel Herrera/Observatorio de la Comunicación*/Foto: Referencia Forbes
Un reportaje realizado de manera colaborativa por un grupo de periodistas y publicado por varios medios digitales la semana pasada confirma el carácter de instrumento de propaganda gubernamental de Diario El Salvador, el periódico impreso creado por el actual gobierno y que es financiado con fondos públicos.
Mediante un detallado análisis de contenido, los autores del reportaje “Las 400 portadas que Diario El Salvador regaló al bukelismo” señalan que el referido medio “utiliza sus páginas para disfrazar como periodismo narrativas que suelen ser incompletas y en ocasiones falsas”, para promocionar la imagen del presidente Nayib Bukele, el gobierno y sus aliados; así como también para descalificar a personas, organizaciones e instituciones que el oficialismo considera enemigos o adversarios. “A la luz de las estadísticas, el rol de este periódico como arma de desinformación gubernamental es contundente”, sentencia el reportaje.
Diario El Salvador empezó a circular el 19 octubre de 2020, es dirigido formalmente por el ex periodista Luis Laínez y tras bambalinas por Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de Casa Presidencial. Para no rendir cuentas, su administración está adscrita al oscuro conglomerado empresarial de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), la compañía estatal de las represas hidroeléctricas y la energía geotérmica.
Junto a Canal 10 y Radio Nacional, Diario El Salvador integra la red de medios estatales que son base fundamental del aparato de propaganda bukelista. A éste se suman la Radio Cuscatlán, administrada por el Ministerio de Defensa, un inmenso entramado de medios digitales y redes sociales, medios de los grupos SAMIX y Órbita que están en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), la instancia estatal que controla propiedades en extinción de dominio. La maquinaria comunicacional se complementa con medios privados que se alinean “voluntariamente” a la narrativa gubernamental.
El manejo de los medios estatales, particularmente Diario El Salvador, confirma que la existencia de medios de comunicación públicos en el país es una posibilidad muy lejana, como un sueño inalcanzable.
Los medios públicos son de propiedad estatal y se sostienen con presupuesto gubernamental, pero son independientes y pluralistas, aseguran la diversidad de voces y no responden a los intereses de los gobernantes de turno. Hasta ahora ningún gobierno ha querido promoverlos y todos han preferido medios oficialistas, propagandísticos y -ahora con la administración Bukele- como armas de ataque contra opositores.
El único intento fallido
Durante el gobierno del ex presidente Mauricio Funes se dio el único intento en la historia nacional de convertir a los medios oficialistas en medios públicos. El 18 de septiembre de 2013, el entonces ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de medios públicos promovido por el secretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas.
Al simbólico acto de presentación del referido proyecto asistió como invitado especial el periodista chileno Gonzalo Cáceres, figura representativa de la televisión pública alemana Deutsche Welle, uno de los medios públicos más prestigiosos del mundo.
El proyecto de ley reconocía a la comunicación como “un servicio público de interés social y un derecho a la población” y definía a los medios públicos como “sin fines de lucro que prestan el servicio público de comunicación con énfasis en la producción y difusión de contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento”. La propuesta planteaba como obligación de los medios públicos “promover la pluralidad ideológica y cultural, la inclusión social, los derechos humanos, la cultura de paz, la identidad nacional, la memoria histórica, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía”.
Planteaba que Canal 10 y Radio Nacional, y otros medios estatales que surgieran después de aprobada la ley, conformarían un Sistema Nacional de Medios Públicos que estaría a cargo de un consejo de administración plural integrado por representantes de la sociedad civil, la academia, medios privados y comunitarios y del gobierno. Se trataba de algo radicalmente distinto a un aparato de propaganda oficialista.
La propuesta pasó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales donde pronto fue engavetada por presiones de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), cuyas objeciones fueron acatadas por los grupos parlamentarios de derecha que eran mayoría. El ex secretario Rivas, principal promotor de la propuesta, quedó solo y sin apoyo de su gobierno y del grupo parlamentario oficialista.
La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), espacio promotor de la democratización del modelo mediático, también tomó como bandera el proyecto e intentó reactivar su estudio en la Asamblea, pero nunca tuvo eco.
En el siguiente gobierno el desinterés por crear medios públicos fue aún mayor. Quien escribe conversó varias veces con funcionarios vinculados a las comunicaciones de la administración de Salvador Sánchez Cerén y la respuesta siempre fue que “el gobierno necesitaba tener los medios estatales a su disposición para contrarrestar a los medios de la derecha”. Incluso, a veces la respuesta era sarcástica: “los medios públicos son para países europeos, andá a proponerlos a Suecia o Noruega…”
Ahora con el gobierno de Bukele -y su estilo autoritario y nula vocación por el diálogo, la pluralidad y la inclusión- el sueño de los medios públicos parece aún más lejano.
*Leonel Herrera es periodista, director ejecutivo de ARPAS. El Observatorio de la Comunicación es un centro de monitoreo de medios, análisis de discurso y seguimiento a procesos info-comunicacionales.
