Representantes de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, integrada por diversas organizaciones, demandaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que implemente la Ley de prohibición de la industria minera en El Salvador, aprobada en marzo de 2017.
Texto, foto y video: Josseline Roca
A esta organización le preocupa que a más de dos años de aprobación de la normativa, no se ha procedido al cierre técnico de minas, pese a que el artículo 2 de la ley establece que «en el caso de la minería artesanal de pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y güiriseros, tendrá un plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para reconvertirse a otra actividad productiva».
Para efectuarlo deberán contar «con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño», reza la normativa.
La demanda hacia el actual ministro de Medio Ambiente, Fernando López, resonó frente a las instalaciones del MARN. Las lideresas y líderes que acudieron recordaron que ese ministerio está obligado a coordinar con el Ministerio de Economía la cancelación de los proyectos extractivos y la remediación de los daños causados a habitantes de las zonas donde se instalaron los mismos, como lo establece el artículo 6 de la ley.
Vidalina Morales, integrante de la Mesa frente a la Minería, enfatizó en que si bien la aprobación de la normativa que prohíbe la industria minera es una conquista, la falta de aplicación está afectando a las comunidades. Además pidió que se informe sobre la situación de la empresa minera Oceana Gold, que operó en el departamento de Cabañas.
Según datos del Ministerio de Economía, para el 2015 se registraban, al menos, 15 sitios donde hay pasivos mineros. Nueve de éstos en los municipios El Divisadero (6), Sociedad (2) y Jocoro (1), Morazán. Y en Santa Rosa de Lima, La Unión, se localizan cuatro: San Sebastián, Tabanco, La Lola y Las Piñas. Mientras que en San Miguel existen dos minas: Potosí y El Hormiguero, en los municipios de Chapeltique y Comacarán, respectivamente.
Aceleración de procesos de otorgación de permisos ambientales no debe afectar a las mayorías
La aceleración de los procesos para otorgar permisos ambientales ordenada por el presidente de la República, Nayib Bukele, no debe significar que se autoricen proyectos que afecte a las mayorías, dijo Rodolfo Calles, de la Mesa.
Anteriormente el ministro de Medio Ambiente sostuvo que no se trata de flexibilizar los permisos, sino de hacer eficiente el proceso ya sea que se otorgue o no la autorización.
La Mesa Frente a la Minería considera que para «ponerle candado» al tema de la minería en El Salvador se debe elevar a rango constitucional su prohibición.
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