El Plan de Apertura y Reactivación Económica del gobierno salvadoreño ha beneficiado principalmente a empresas de la construcción y a las inmobiliaras cuestionó el Foro del Agua. Señalan las medidas deben considerar el respeto a la naturaleza, la gestión prospectiva del riesgo y el derecho humano al agua; para evitar convertirse en un plan generador de nuevas vulnerabilidades y más desastres en el país.
Por: Krissia Girón
En el marco del inicio de la reactivación de la economía del país, tras la cuarentena de casi tres meses por la pandemia de COVID-19, el Foro del Agua llamó al gobierno a considerar la prevención de riesgos. Lamentan que las empresas de construcción e inmobiliarias sean algunas con las que se arranca el plan gubernamental, ya que tras el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal la vulnerabilidad del territorio es más evidente.
Las afectaciones registradas, dice el Foro, es el resultado de la especulación inmobiliaria. Señalan que las empresas han comprado terrenos “a precios risibles” y luego los elevan “utilizando al Estado para crear carreteras y obras alrededor y no se mitigan los riesgos evidenciados en estudios”, afirmaron.
Los grandes ganadores, según el Foro del Agua, son las grandes empresas inmobiliarias.
Un claro ejemplo para las organizaciones, son los impactos causados en residenciales de “alta plusvalía”, ubicadas en la Cordillera del Bálsamo.
“Ponemos de ejemplo a la Cordillera porque justamente ahí esta construida la Residencial Los Sueños, donde se dieron algunos eventos durante las tormentas Amanda y Cristobal. Desde el 2012 estuvimos incidiendo en ese territorio porque cuando se estaba construyendo la cuarta etapa de esa residencial, ya el Ministerio de Obras Públicas -MOP- había emitido un estudio donde decía la alta susceptibilidad a deslizamientos, a flujo de escombros en esa zona, que es justamente lo que pasó en estas tormentas”, relató Ruiz.
En este contexto, llaman la atención a la celeridad con la que autoridades han atendido los impactos en estas residenciales y no con las comunidades de escasos recursos.
Además, hicieron un llamado al MOP y otras carteras, para hacer “un análisis serio del costo de la reconstrucción de todas las afectaciones por lluvias”. “El beneficio se quedó en un pequeño sector de los sectores inmobiliarios”, dijo Oscar Ruíz.
La semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez indicó que hay 1,014 derrumbes, 25 taludes inestables y cuatro colapsados, 25 nuevas cárcavas, más de 55,000 metros cúbicos de tierra removidos, 28 puentes dañados y 4 colapsados.
En cadena nacional, el funcionario sostuvo que se deberá invertir más de $150 millones para la reconstrucción tras las lluvias: $119 millones en la red vial, $20 millones en viviendas, $2.9 millones en centros turísticos y culturales, y $13 millones en escuelas.
Entre tanto, Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones dijo el 11 de junio que se contabilizaban 6,931 personas albergadas. El gobierno se comprometió a reparar o construir nuevamente sus casas para quienes las perdieron.
Las organizaciones que conforman el Foro del Agua también consideran como preocupantes los impactos generados en la población por las tormentas Amanda y Cristobal. Señalan que estos son causa de la falta de planificación de la gestión de riesgo y el desconocimiento de la vulnerabilidad ambiental del país por parte de quienes manejan al gobierno.
“Pudimos ver la ausencia de planificación encaminada a atender esta crisis. Fueron obstáculos significativos la activación de gobernaciones. Estas generaban un importante aporte en la gestión de riesgo porque son un vínculo con las comisiones municipales y departamentales de protección civil”, afirmó Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD.
Para el Foro es también preocupante que, incluso, zonas consideradas como no tan vulnerables, “como residenciales de alta plusvalía”, hayan sido afectadas por las lluvias.
“Sumado a eso, si nos vamos a los antecedentes, nos vamos dando cuenta que muchas de estas residenciales han sido construidas en zonas de alto riesgo y es donde la gestión municipal tienen también una grave responsabilidad al haber otorgado permisos de construcción”, expresó González.
Esta organización ambientalista considera necesario que las autoridades realicen un abordaje de las políticas públicas desde la visión de cuencas, para prevenir las condiciones del territorio y que “la naturaleza nos pase factura”.
“Un buen ejemplo es lo que pasa en la Cordillera del Bálsamo, que tiene mucha suceptibilidad de deslizamientos en la zona alta y en la zona baja existen problemas de inundación. Sabemos que el cambio climático nos ha afectado en las últimas décadas y lo podemos ver en momentos extremos como lo que sucedió con ambas tormentas”, dijo Oscar Ruiz.
Una de las acciones para prevenir el riesgo, afirma Ruiz, es evitar la construcción en estos zonas de alta vulnerabilidad, los sitios con suelos categorizados por su riesgo geológico, entre otros.
