Los expertos juramentados hoy en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera realizarán un proceso de verificación de archivos de la Fuerza Armada, esto en cumplimiento a la orden dada por el titular de dicho tribunal. Debido a algunos problemas, quedó pendiente la juramentación de una perito guatemalteca que también participará.
Por Norma Ramírez/Foto: Tutela Legal Dra. María Julia Hernández
Este viernes 26 de junio se reanudaron las audiencias del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981 en Morazán. En la jornada de hoy fueron juramentados Fernando Díaz y Jorge Juárez como peritos de la parte acusadora. Ellos tendrán a cargo la la verificación de archivos de la Fuerza Armada la cual fue ordenada, el 15 de junio, por el juez Jorge Guzmán.
Según un comunicado emitido por la Fundación Cristosal, los expertos archivistas inspeccionarán los archivos el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, los de la Tercera Brigada de Infantería, de la Fuerza Aérea Salvadoreña y del Destacamento Militar No. 4. También una sección del Archivo General de la Nación.
“Es un paso de gran trascendencia en el caso y que por primera vez estaría ocurriendo en El Salvador que un tribunal se haga presente a los archivos históricos de diversas unidades militares”, dijo David Morales, uno de los abogados de la acusación particular.
“Son archivos que han estado cerrados al acceso de investigadores, incluso se ha violentado la institucionalidad de otras autoridades como el Instituto de Acceso a la Información Pública, ahora por primera vez un tribunal está ordenando estas inspecciones”, agregó Morales.
Además, el abogado explicó que esperan que “no procedan a bloquear estas diligencias el ministro de la Defensa ni el presidente de la República como Comandante General (de la FAES), sería totalmente una ilegalidad e incurrirían en responsabilidad penal si bloquean una orden judicial de esta naturaleza”, aseguró David Morales.
Para el proceso de verificación de los archivos de la FAES quedó pendiente el nombramiento de una experta guatemalteca, se trata de Velia Elisa Muralles Bautista.
La defensa de militares pidió que se revocará la juramentación de la perito archivista quien partició en la audiencia de forma virtual, solicitaron que su nombramiento fuera presencial. Al respecto, David Morales sostuvo que “es una petición improcedente que desconoce la realidad y las restricciones de movilidad y cruce de fronteras que está imponiendo la pandemia (de COVID-19)”.
Los peritos juramentados presentaron al juez una propuesta de metodología y cronograma para iniciar la revisión de los archivos, esto según David Morales, se debe coordinar con la Presidencia y la Fuerza Armada para “definir una fecha de inicio”.
Impugan petición de peritaje militar
En la audiencia realizada hoy en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, la defensa de los militares acusados por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, solicitó un peritaje militar. Pedían la juramentación de Nelson Iván Zaldaña y Oscar Quiteño.
“El nombramiento ha sido impuganado por la acusación particular, pues consideramos que no reúnen requisitos de objetividad e imparcialidad en el caso”, explicó David Morales, acusador particular.
Según Morales, la oposición se deben a que las personas propuestas tienen conflicto de intereses al existir nexo con algunos de los acusados.
En el caso de Nelson Iván Zaldaña, se le señala por haber sido compañero de promoción de algunos de los imputados, entre ellos Mauricio Duque Lozano y Mario Méndez Rodríguez. “Estuvo bajo la cadena de mando del exministro García y el exjefe del Estado Mayor, Flores Lima. Además fue jefe del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) al momento que fueron asesinados los padre jesuitas de la UCA, Elba y Celina”, sostuvo Morales.
En el caso de Oscar Quiteño, explica Morales, fue alumno en un curso de artillería dado por Adalberto Landaverde, también acusado por la masacre.
El proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños continúa en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán. En este proceso 17 militares son acusados de un centenar de delitos.
Esta matanza es considerada una de las peores de la región, pues más de mil personas perdieron la vida a manos del batallón Atlacatl del ejército, por lo que también es considerada un crimen de Estado.
