Cuando se habla de los daños causados por la pandemia del COVID-19 casi siempre se destacan las consecuencias sanitarias y económicas: la cantidad de personas contagiadas y fallecidas, así como el cierre de empresas, pérdidas de empleos y precarización laboral. Algunos análisis también incluyen secuelas en la salud mental y el aumento de la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia sexual hacia niñas y adolescentes.
Sin embargo, es necesario señalar los “daños políticos”, referidos a problemas que surgieron o se agravaron en el contexto pandémico y por las condiciones de excepción impuestas por la emergencia sanitaria. En espacios de debate interno y en programas de opinión de la Red Informativa de ARPAS hemos señalado algunos que ahora mencionamos en este editorial.
1.Autoritarismo, irrespeto a la institucionalidad y violaciones a derechos humanos. Nayib Bukele utilizó la emergencia y las medidas de excepción para consolidar su estilo autoritario de gobierno, irrespetar la independencia de poderes y violar derechos, principalmente de quienes por la necesidad de movilizarse incumplieron las restricciones y/o fueron recluidas en centros de contención que resultaron ser lugares de contagio. En vez de medidas sanitarias, el gobierno priorizó estrategias de control social.
2.Endeudamiento y gestación de una crisis fiscal de graves proporciones. El Ejecutivo también aprovechó la pandemia para impulsar una política de desmedido endeudamiento, cuya consecuencia más previsible es un colapso de las finanzas públicas. La emergencia fue pretexto perfecto para presionar a la Asamblea Legislativa para aprobar unos 3,000 millones de dólares que superaron los límites históricos de la deuda externa, pues ya representan 92% del PIB, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
3.Intransparencia, falta de rendición de cuentas y corrupción. Las excepciones en la aplicación de procedimientos de la LACAP cayeron como “anillo al dedo” de funcionarios gubernamentales para manejar en forma oscura los fondos públicos. La Fiscalía y la misma CICIES creada por Nayib Bukele investigan compras a sobreprecio, tráfico de influencias y otros actos de corrupción en el uso de varios millones de dólares en los ministerios de Salud, Agricultura, Turismo, CEPA, ANDA y otras instituciones.
4.Contención y desmovilización de protestas sociales. Todo lo anterior se realizó sin ninguna protesta social, debido a que las cuarentenas obligatorias y las medidas de restricción a la movilización paralizaron a las organizaciones sociales. Esto, sumado al poco e insuficiente contrapeso institucional (de la Asamblea, Sala Constitucional y Fiscalía), hizo que el presidente Bukele y sus secuaces no encontraron resistencia alguna.
5.Permanente campaña electoral de cara al 28F. Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha permitido a Bukele mantenerse en campaña con el objetivo de obtener mayoría parlamentaria en las elecciones del 28 de febrero próximo. El derroche de millones de dólares en publicidad en medios de comunicación y redes sociales, así como el reparto de paquetes alimenticios (a toda la población y no solo a quienes necesitan), están claramente orientados hacia ese propósito.
Estos son algunos “daños políticos” del coronavirus. Autoritarismo, irrespeto a la institucionalidad, endeudamiento, corrupción, contención de la protesta social y permanente campaña electoral, no habrían sido posibles, o -al menos- no tan fácilmente realizadas, sin la pandemia. Por tanto, hay que tenerlos en cuenta al evaluar los impactos de la emergencia sanitaria.
