Por Rocío Cabrera*/Foto: Referencia – DW

Desde hace meses he visto con tristeza el aumento de fotografías de personas desaparecidas, mayormente femeninas, en los medios de comunicación y redes sociales. En pocas semanas se reportaron dos niñas de un mismo centro escolar; una mujer con su pequeña hija y una joven madre. La información publicada es difusa, pero las y los usuarios de las redes se encargan de recriminar a las víctimas en lugar de exigir justicia.

En medio de la vorágine de violencia institucionalizada contra las mujeres que se respira en el aire -luego de unas elecciones legislativas donde fueron las candidatas a cargos públicos las mayormente atacadas en las redes sociales y una periodista acosada en una transmisión en vivo- me encuentro con una nota en el periódico El Salvador, titulada “Más del 40% de los desaparecidos son encontrados con vida”.

La nota inicia con una declaración del flamante ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, que podríamos interpretar como una burla que relaja el contexto de violencia que estamos viviendo, camuflados por la pandemia y los casos de nepotismo en la Asamblea Legislativa: “Hemos tenido casos como la denuncia de una señora que reportó desaparecido a su esposo, y estaba en Guatemala con otra pareja”.

Rivas, quien fue gobernador de San Salvador en el gobierno del FMLN, ahora menciona de forma relajada que el “40% de las desapariciones son personas que son encontradas con vida” y que “solo el 4% son fallecidos”. Asimismo, se pavonea mencionando que en “gobiernos anteriores” el promedio de las personas desaparecidas por día era de 10, algo que según él “ha sido reducido a 4”.

La nota del periódico oficialista señala fríamente los datos en disminución. Ese 40% se pueden interpretar como “falsas”, ya que las víctimas son encontradas con vida, las cuales no superan el 60% de las denuncias restantes que ni siquiera son mencionadas. Mientras, la imagen de Flor, una mujer desaparecida el 16 de marzo, ilustra la nota en el periódico, que el ministro recalca “estamos investigando el caso”, sin darle la importancia al componente humano que rodea esta dolorosa desaparición, así como el resto que suceden cada día en nuestro país.     

Según el Informe de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) del año 2020, la cultura de violencia y la mala clasificación de la información  hace que sea difícil de investigar, pues las instituciones públicas encargadas de la recepción, investigación y resolución de los casos los reportan como privación de la libertad y no como desapariciones, esto con el objetivo de registrar un número menor en las estadísticas). Según el citado informe, “hay una menor presión social frente a las (desapariciones) e incluso los procedimientos de la investigación tienen un inicio más lento”.

Por eso hay que exigirle al ministro celeridad en la investigación y, sobre todo, responsabilidad en el manejo público de este problema, ya que sus comentarios normalizan la violencia y genera un clima de impunidad que es replicada por los medios de comunicación (incluidas las redes sociales) y aceptada por la población.

Así que NO, señor ministro, una persona desaparecida no es un número. Es una vida, son sueños, es familia que deja desarticulada y sin esperanzas; es nuestra sociedad que queda herida.

*Periodista.