Ante el avance del estudio sobre la Ley General de Agua en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, el presidente Nayib Bukele se apresuró a anunciar que vetará dicha normativa.

La declaración del mandatario fue inmediatamente replicada por el diputado electo por Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien adelantó que la próxima legislatura dominada por el oficialismo presentará una nueva propuesta de ley de agua. Es decir, desechará lo discutido y aprobado hasta ahora y comenzará de cero otra vez el debate de tan urgente normativa.

Lo expresado por el presidente Bukele (y Ernesto Castro) constituye, en primer, lugar un acto de prepotencia y de irrespeto a la institucionalidad, pues los diputados salientes no quedaron inhabilitados después de las elecciones del 28F y pueden seguir aprobando leyes, decretos y ejercer todas sus funciones parlamentarias hasta el último día de su mandato.

Desde luego que es criticable que los actuales diputados no hayan aprobado antes ésta y otras leyes necesarias; pero ni Bukele, ni nadie puede impedirles que hagan su trabajo. Es reprobable que el presidente advierta un veto antes de que una ley se apruebe y sin conocer su contenido.

Y, en segundo lugar, lo expresado por Bukele es una muestra de mezquindad política y falta de visión de país. El agua no es un tema de personas, grupos, partidos o gobiernos; sino que es un asunto de interés nacional porque afecta la vida de toda la población.

Si la Ley de Agua se aprueba en la presente legislatura y es buena, Bukele debe sancionarla, y si es mala que la vete; pero no puede adelantar que la vetará solo porque la aprobarán “los mismos de siempre” o porque los diputados salientes “son irrelevantes”. Y si no se logra aprobar, la nueva gestión parlamentaria debe retomar el debate y continuar el estudio de dicha ley.

Este país no saldrá adelante si cada quien asume la actitud de que «esto es bueno solo si lo hago yo”. La solución a los problemas estructurales requiere el concurso del conjunto del Estado y todos los sectores de la sociedad; y para esto es necesario superar los individualismos, los sectarismos y la polarización reinante.

Más humildad y menos prepotencia, más diálogo y menos imposición, ayudarían a enfrentar de mejor manera los problemas del país. La administración Bukele debería aprovechar la nueva correlación parlamentaria para avanzar con políticas que conduzcan a un país más democrático, transparente, equitativo, pacífico y sustentable.

Esa sería la interpretación correcta del mandato popular en las urnas el pasado 28F.