Por: Observatorio de la Comunicación de ARPAS*
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se encuentra en Europa en una gira donde pretende cambiar la narrativa negativa que El Salvador tiene debido a las medidas antidemocráticas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele.
Recientemente brindó una entrevista para el medio estatal alemán Deutshe Welle en donde algunas de sus declaraciones carecen de argumentos, por lo que el Observatorio de la Comunicación de ARPAS presenta las tres falsas afirmaciones del funcionario.
1. “El bitcoin como una moneda de éxito”
Durante la entrevista Ulloa no respondió a la inquietud del periodista sobre la preocupación de la Unión Europea respecto al deterioro del Estado de democracia que enfrenta el país. El funcionario desvió la atención hacia el bitcoin como una moneda de éxito, aunque reconoció que las protestas se deben al rechazo de la criptomoneda.
“Las protestas se originaron contra el bitcoin que es una de las medidas emblemáticas por el nivel de aceptación que tiene en este momento el liderazgo de El Salvador por haberse posicionado como el primer país en adoptar el bitcoin como una moneda de curso legal”, dijo.
La afirmación de Ulloa dista de la realidad, pues el Bitcoin, una criptomoneda que requiere de una billetera electrónica para realizar transacciones de intercambio, fue aprobada de forma exprés por el oficialismo de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, luego que el presidente Bukele lo anunciara en su cuenta de Twitter en junio de este año.
La Ley entró en vigencia en septiembre con una serie de irregularidades como la implementación de la billetera digital Chivo que no era apta para todos los modelos de teléfonos móviles. Posteriormente cientos de ciudadanos denunciaron la suplantación de identidad para ingresar a sus cuentas, perdiendo los $30 que el gobierno promovía como incentivo para que la ciudadanía mayor de 18 años descargara la aplicación y la utilice.
Según la Asociación Transparencia, Contraloría Social, y Datos Abiertos (TRACODA), hasta mediados de octubre registraron más de dos mil casos de denuncias de suplantación de identidad para el uso de la billetera Chivo.
Por su parte una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) detallaba que 9 de cada 10 salvadoreños tiene una noción imprecisa o desconoce sobre el Bitcoin.
2. El presidente “no tiene ni la capacidad, ni la facultad para nombrar jueces (ni) para destituir (magistrados)”
Durante la entrevista con DW el periodista cuestionó al vicepresidente Ulloa sobre las denuncias de organizaciones sociales que ven con preocupación la falta de separación de los poderes del Estado.
“Cuando la Asamblea Legislativa -que es el órgano que elije a los jueces de la Corte Suprema- decide destituirlos, lo hace después de un razonamiento contenido en 29 páginas en donde se mencionaron las violaciones de estos jueces a la Constitución (…). A partir de esos criterios el órgano que elije (la Asamblea) es el que destituye (a los magistrados), se entiende un proceso natural de un modelo en el que se está implementando una visión de la justicia, de la democracia que difiere del modus operandi con que trabajaba en el pasado”.
Esta declaración es imprecisa porque no se mencionan tres elementos que hicieron poner el grito en el cielo a organizaciones sociales, así como a organismos internacionales: una Asamblea oficialista controlada desde Casa Presidencial, un proceso ilegal y el abuso de las autoridades de seguridad pública para intimidad a los magistrados.
El 01 de mayo asumió el poder la nueva Asamblea legislativa con mayoría oficialista. Una vez finalizado el proceso de juramentación, la denominada “Bancada Cyan”, sin discusiones previas, dio lectura a un documento para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e inmediatamente procedió a la elección de nuevos magistrados. El mismo procedimiento arbitrario se usó esa noche con el Fiscal General de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento condenando los hechos en la que consideran se vulnera el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. “Al respecto, la CIDH observa con extrema preocupación en las destituciones expeditas decretadas por la Asamblea Nacional, la ausencia de las garantías del debido proceso, así como la ausencia de causas específicas, conforme lo dispone la Constitución, elementos que constituyen un grave atentado al principio de separación e independencia de poderes y al Estado democrático de derecho.
Por su parte, la Sala de lo Constitucional, en su composición original, emitió Mandamiento judicial de inconstitucionalidad N° 1-2021 declarando la “inconstitucionalidad de la decisión de destitución de las personas magistradas”, cita un comunicado de la CIDH.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por lo ocurrido por medio de su portavoz Marta Hurtado.
A ello se sumó la participación de la Policía Nacional Civil (PNC) que irrumpió las instalaciones de la Corte y la Fiscalía para que ingresaran los nuevos funcionarios de facto. Además, los magistrados destituidos ilegalmente denunciaron la colocación de patrullas policiales frente a sus casas de habitación como una forma de intimidación.
3. “En El Salvador hay absoluta libertad (de expresión)”
“No hay periodistas presos, no hay un medio censurado, no hay disposición que atente contra la libertad de expresión. Es entendible que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que es una gremial donde están los propietarios de los grandes medios de comunicación esté molesta porque los dos principales medios de comunicación nunca pagaron impuestos y ahora se les ha impuesto la obligación de tributar y eso ha generado toda esta reacción virulenta”.
Las declaraciones caen entre lo impreciso y lo falso. Respecto a la censura, recientemente la Mesa de Protección a Periodistas denunció las acciones de censura por parte de jueces contra notas periodísticas publicadas por medios como las revistas digitales Gato Encerrado y Factum. Para el caso del primer medio se le obligó a bajar una nota en la que se divulgaba que el actual Fiscal de facto no debió ser juramentado por tener abierta una denuncia de violencia intrafamiliar; y en el caso del segundo medio se le amenazó con un proceso penal si mantenían en su sitio una nota en la que se brinda información sobre lo opacidad del gobierno en el caso del cementerio clandestino de Chalchuapa en donde un ex-policía es acusado de más de 40 asesinatos, la mayoría mujeres. La Mesa tildó este tipo de actos como un hecho de censura.
En su cita el vicepresidente miente al decir que los medios de comunicación nunca han pagado impuestos. Lo cierto es que los medios de comunicación pagan impuestos. Las reformas aprobadas en mayo de este año por la mayoría oficialista eliminaron la exoneración de impuestos de importación del papel periódico; es decir, solo los periódicos impresos pagarán adicional el impuesto al papel, además de las demás tributaciones que ya realizaban.
Si bien en el país no hay aún periodistas encarcelados, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró del 01 de enero al 18 de octubre 200 casos de vulneraciones a la prensa, una cifra que triplica los 65 casos registrados en 2018. Actualmente la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH tiene medidas cautelares para la sala de redacción del periódico digital El Faro y Reporteros sin Fronteras degradó 8 puntos a El Salvador por las constantes vulneraciones a la prensa.
*El Observatorio de la Comunicación es un centro instalado por ARPAS para hacer monitoreo de medios, análisis de discursos, verificación de información y seguimiento a procesos infocomunicacionales.
