La semana pasada el ex periodista Romeo Lemus profirió insultos misóginos contra la diputada Dina Argueta. Ante opiniones de la legisladora del FMLN vertidas en la última sesión plenaria, el empleado gubernamental y activista del oficialismo afirmó en un video de redes sociales tener “ganas de meterle el celular en la boca para que se callara la trompa”.

Tal declaración es un acto de violencia verbal contra la mujer tipificado como delito y sancionado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres.

Y si ya el hecho es grave, lo es todavía más el silencio, la indiferencia y la tolerancia del gobierno, específicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, institución en la que labora el comunicador. Lemus debería ser despedido y puesto a la orden de la justicia; sin embargo, la canciller Alexandra Hill ni siquiera lo ha reprendido públicamente para distanciarse de su comportamiento misógino.

El silencio de Hill y del presidente Nayib Bukele podría entenderse como un aval al comportamiento machista y violento de Lemus. Sería una señal de que el gobierno permite descalificar y atacar a sus opositores o críticos: estaríamos frente a la institucionalización del insulto, misoginia y discursos de odio.

Por tanto, la declaración misógina de Lemus no debería tomarse ligeramente como afirmaciones aisladas de un “mercenario de los gobiernos de turno” que ofende a opositores para agradar a sus actuales jefes y conservar su empleo, sino como expresión de la intolerancia y el insulto como cultura oficial impuesta por el bukelismo.

A través de la simplificación, personalización y emotividad de los mensajes, esta odiosa cultura oficial apela al enojo, la frustración y los bajos sentimientos de las personas; y representa una grave degradación del debate racional, argumentado y respetuoso que es un aspecto central en la deliberación pública democrática.

Y esto debería motivar la preocupación de todos los sectores democráticos de la sociedad, pues esta cultura de odio podría conducir a nuevas confrontaciones que harán retroceder aún más al país. Por eso es necesario hacer un vehemente llamado a Bukele y a sus acólitos a reflexionar y cambiar de actitud.

El Artículo 68 de la Constitución de la República establece que el presidente debe procurar la convivencia pacífica, la armonía social y la cultura de paz; y los discursos de odio que Bukele expresa, promueve o tolera están en total contrasentido con este mandato constitucional.