Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Asamblea Legislativa
Organizaciones sociales denuncian que el proyecto de “Ley de Agentes Extranjeros”, presentada la semana pasada a la Asamblea Legislativa por parte del gobierno, intenta estigmatizar, descalificar y discriminar las exigencias que realizan, entre ellas, la demanda de agua limpia, defensa de la sustentabilidad y vida digna.
El Foro del Agua advierte que la propuesta del Ejecutivo amenaza el abastecimiento de agua en comunidades rurales y pone en riesgo la cooperación internacional que reciben más de 2500 juntas de agua.
De acuerdo con el Foro del Agua, desde los años 90 hasta la fecha, en El Salvador se han constituido más de 2500 juntas de agua potable, rurales y urbanas que abastecen a al menos 1, 4 millones de salvadoreños, las cuales a falta de acciones y respaldo del Estado han requerido del apoyo de cooperación solidaria internacional para proveer del vital líquido a las comunidades.
La propuesta gubernamental se suma al cierre del FISDL y le reducción del FODES, lo que desvanece las posibilidades de inversión y financiamiento del sector público hacia las comunidades, señala el Foro.
“No podrán contra el periodismo”
Para la Asociación de Periodista de El Salvador (APES), la nueva ley propuesta por el gobierno de Nayib Bukele es un nuevo intento de aplicar una legislación que sirva de mordaza a la crítica desde la sociedad civil y el periodismo de investigación que ha evidenciado los actos de corrupción de la actual administración durante la pandemia por Covid-19.
Mediante un comunicado, la APES señala que “la nueva ley es innecesaria, al pretender su aplicación preferente -por el carácter de especialidad que se le asigna- cuando ya existe la normativa que controla el uso de fondos de la cooperación internacional para actividades lícitas en el país”.
Además, sostiene que los medios de comunicación escritos o digitales que reciben fondos de la cooperación internacional han transparentado y rendido cuenta de dicho financiamiento.
Otros sectores de la sociedad también se han pronunciado ante la propuesta del ejecutivo, señalando que con la normativa se justificaría el control de las autoridades sobre el actuar de las organizaciones y asociaciones que consideran oposición.
