Por Red Informativa de ARPAS
Siete organizaciones sociales fueron sorprendidas esta semana por elementos de la Fiscalía y Policía que llegaron a allanar sus oficinas. Las diligencias responden a una denuncia presentada por diputados del partido Nuevas Ideas que integraron la comisión legislativa que investigó la asignación de fondos públicos a ONGs durante gobiernos anteriores.
Los diputados bukelistas y el fiscal general que ellos mismos impusieron el pasado 1o de mayo acusan a varias organizaciones de malversación de fondos públicos, delito tipificado como “peculado” en los códigos Penal y Procesal Penal.
La acusación de los legisladores oficialistas y de su fiscal es una criminalización per se del trabajo social de las organizaciones y del uso de fondos públicos que fueron ejecutados por ONGs en proyectos coordinados con diversos ministerios y otras instancias gubernamentales en temas de alfabetización, prevención de violencia contra la mujer, derechos de la niñez, atención en salud, protección del medioambiente, entre otros.
La realización de los allanamientos se acompaña de una fuerte retórica contra las organizaciones de la sociedad civil a las que el oficialismo estigmatiza como “opositoras”, lo cual confirma la intencionalidad de persecución política, más allá de posibles irregularidades en la utilización de algunos de esos fondos y del falaz argumento de transparencia que esgrimido para atacar a las ONGs que cuestionan acciones del gobierno.
Los allanamientos, además, se dan en medio del intento de aprobar una ley que busca restringir a la cooperación internacional, controlar el trabajo de las ONGs y censurar a medios críticos. Se trata de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que -en caso de ser aprobada- sería la única en el mundo que pone un impuesto del 40% a las donaciones procedentes del exterior.
En este espacio editorial nos solidarizamos con las ONGs que son víctimas de esta persecución gubernamental y rechazamos leyes que afecten a la cooperación, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios independientes.
De igual manera exhortamos al presidente Nayib Bukele a que -si de verdad le interesa la transparencia- permita el acceso a la información, rinda cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los fondos públicos y combata la corrupción de su gobierno. Si quieren tener solvencia para hablar de transparencia, el bukelismo debería derogar la “Ley Alabí”, restablecer la CICIES, devolver la autonomía al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y procurar un fiscal y jueces independientes.
Y, finalmente, reiteramos nuestro ¡NO a la persecución política contra las ONGs!
