Por: Red Informativa de ARPAS/Foto: Twitter Ruth López
Varios miles de personas protestaron hoy contra el gobierno, en la que fue la tercera marcha multitudinaria convocada por diversas organizaciones, sindicatos y movimientos sociales. La marcha inició en el Parque Cuscatlán y Plaza de la Salud y culminó en la Plaza Cívica del centro histórico capitalino, luego de recorrer parte de la 25 Avenida Norte, la Alameda Juan Pablo II y la Avenida España.
Las y los manifestantes reiteraron sus demandas de democracia, respeto a los derechos humanos, transparencia en el uso de fondos públicos, independencia judicial, cese de la militarización y de revertir medidas como la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en el país desde el mes de septiembre.
La protesta es también por las desapariciones de personas y la impunidad histórica en casos como la masacre de El Mozote. Además, el incremento de precios de los productos básicos y el alto costo de la vida, que están afectando gravemente a los sectores populares y capas medias.
Las organizaciones también reclaman libertad de los “presos políticos”, el cese de la persecución a ONGs y la no aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Según los denunciantes, el gobierno pretende con esta normativa “bloquear a la cooperación internacional” y “cerrar organizaciones de la sociedad civil” a las que les impondrían multas de hasta 250 mil dólares, condenas de 3 a 5 años de cárcel a sus representantes y la cancelación de la personería jurídica cuando el gobierno considere que han incumplido la referida ley.
Poco o nada que celebrar en el “Día de los Derechos Humanos”
En el marco de la movilización, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares se refirió a la conmemoración de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y denunció la falta de una ley de agua, las desapariciones, la impunidad y otros hechos o situaciones que constituyen violaciones a los derechos de la población.
Al mismo tiempo la Coordinadora alertó sobre nuevas amenazas contra los derechos humanos, entre éstas la aprobación de la ley de expropiaciones cuyo objetivo podría ser el desalojo de comunidades donde el gobierno decida crear “ciudades privadas” y proyectos turísticos. También advirtió sobre la nueva ley de minería avalada recientemente por el oficialismo, a pesar de que existe una normativa que prohíbe en forma definitiva esta nociva industria extractiva.
Gobierno “intentó frenar la marcha”
Previo a la movilización, organizadores de la marcha denunciaron retenes en las distintas entradas a San Salvador por parte del Ejército y la Policía, cuyo objetivo sería evitar la llegada de personas desde el interior del país a integrarse a la protesta. La denuncia fue confirmada por las mismas autoridades que presentaron los bloqueos como un operativo preventivo de seguridad.
