Por: Leonel Herrera/Observatorio de la Comunicación*

Esta semana el gobierno de Nayib Bukele quiso erigirse como paladín de la defensa de los derechos de las y los periodistas, realizando una sorpresiva inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las instalaciones de La Prensa Gráfica (LPG), tras supuestamente conocer denuncias de empleados sobre no pago de aguinaldos.

Sospechosamente la inspección se realizó un día después de que dicho medio impreso publicó una nota con información que vincula al ministro de Trabajo, Rolando Castro, en el otorgamiento de beneficios a miembros de pandillas.

Acto seguido el aparato de propaganda oficial se volcó a descalificar al referido periódico y arremetió contra la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) acusándola de “no pronunciarse contra esta violación a derechos laborales contra periodistas”; Y cuando César Castro Fagoaga, presidente de la gremial periodística, respondió que “no habían recibido denuncias sobre ese caso pero estaban investigando como lo hacen siempre antes de emitir una alerta”, fue señalado de defender a LPG y no a los periodistas vulnerados.

Lo actuado por el Ministerio de Trabajo es sólo un burdo acto de propaganda que busca tres objetivos: presentar falazmente al gobierno de Bukele como defensor de los periodistas, desacreditar a un medio que ha criticado el autoritarismo presidencial y atacar a la gremial periodística que ha sido firme en denunciar las violaciones a la libertad de prensa cometidas mayoritariamente por actores estatales; además de constituir un posible acto de matonería política en represalia por la publicación de LPG que vincula a Castro con maras.

Mientras dice defender a los periodistas el gobierno les cierra el acceso a la información, los descalifica y estigmatiza cuando publican información crítica de su gestión, espía y persigue a quienes revelan irregularidades en el uso de fondos públicos o sacan a luz sus acuerdos con pandillas, difunde discursos de odio contra los que no se someten a la narrativa oficial y permite que sus funcionarios insulten, amenacen o agredan a periodistas, uno de ellos -incluso- declaró en “héroe nacional” en su cuenta de Twitter a un agente policial que agredió físicamente al reportero de un periódico.

Si de verdad quisiera defender a los periodistas el gobierno de Bukele debería facilitarles el trabajo abriendo el acceso a la información pública, eliminar las restricciones a la labor informativa y los discursos de odio contra periodistas y medios críticos, dejar de utilizar las instituciones públicas y mecanismos legales para amenazar y perseguir a medios informativos y evitar cualquier tipo de agresión o ataque digital o físico contra periodistas y medios que simplemente informan sobre lo que acontece en el país.

Si realmente quisiera proteger a las y los trabajadores de los medios, Bukele podría pedirle a sus diputados y diputadas en la Asamblea que aprueben la Ley de Protección Integral a Periodistas, presentada por la APES y la Mesa de Protección a Periodistas en octubre de 2018, la cual plantea mecanismos de protección de derechos laborales, derechos propios de la profesión informativa y garantías al libre ejercicio periodístico.

Esto es lo mínimo que debería hacer el gobierno si de verdad le interesa defender al periodismo y los periodistas, en vez de acciones como la sospechosa inspección laboral a la Prensa Gráfica que -como se dijo antes- es solo propaganda barata, una excusa para descalificar a un medio, un pretexto para atacar al gremio periodístico y una represalia por publicar información que incomoda a funcionarios como Rolado Castro que actúan como matones políticos.

Quizás sea oportuno recordarle al ministro Castro, a su jefe el presidente Bukele y todos los funcionarios gubernamentales, que es importante no confundir el periodismo con la publicidad, las relaciones públicas y la propaganda. Según el teórico español Lorenzo Gomis, el periodismo interpreta la realidad e informa sobre ella; y -según el fundador del periodismo estadounidense Joseph Pulitzer- sus objetivos son: defender la democracia, denunciar la injusticias y “combatir a los demagogos”.

Si el gobierno lo asumiera así, respetaría el rol del periodismo y -por ejemplo- no enviaría al ministro Castro y sus secuaces a “inspeccionar” a un medio cuando éste publica alguna información incómoda.

*Leonel Herrera es periodista, director ejecutivo de ARPAS, miembro de la Mesa de Protección a Periodistas y representante de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo). El Observatorio de la Comunicación es un centro de monitoreo de medios, análisis de discursos y seguimiento a procesos infocomunicacionales