La Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES) denunció abusos, violencia y actos arbitrarios cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el 31 de diciembre recién pasado, en las instalaciones del Centro de Capacitación para el Desarrollo Local (CECAP), ubicadas en el Municipio de Nejapa.

Varios policías llegaron a bordo de tres carro-patrullas y entraron violentamente al CECAP, sin ninguna justificación. Hicieron un cateo del lugar, arrodillaron y registraron agresivamente a un grupo de voluntarios de Radio Juventud y golpearon brutalmente a otro joven que hacía labores de mantenimiento en un invernadero. El joven, menor de edad, todavía está hospitalizado, recuperándose de la golpiza.

La demanda, presentada ayer en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), fue respaldada por la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), a la que pertenece Radio Juventud.

Las vejaciones policiales denunciadas por PROCOMES y ARPAS evidencian dos problemas gravísimos, que deben ser revertidos. El primero es la profundización de un preocupante proceso de estigmatización de los y las jóvenes pobres, que por ser “jóvenes” y “pobres” son sospechosos de tener, haber tenido o poder tener en el futuro algún vínculo con pandillas.

Y el segundo es la actuación violenta, abusiva y arbitraria, de la que las vejaciones cometidas contra PROCOMES sonsólo un ejemplo. Hace un mes, otro joven de Radio Juventud fue detenido arbitrariamente en Quezaltepeque, vapuleado por policías de la Sección Técnica Operativa (STO) y después liberado tras firmar, obligado, un documento donde se comprometía a no denunciar a los agresores. Este hecho también fue denunciado por ARPAS en la PDDH yen la Mesa de Protección a Periodistas.

Frente a esta delicada situación, el gobierno debe tomar medidas correctivas urgentes. El ejecutivo no puede, por un lado, impulsar emblemáticos proyectos de apoyo a la juventud como el programa “Jóvenes con todo” y, por otro, permitir que malos agentes policiales estigmaticen a los jóvenes.

Las autoridades de Seguridad no pueden, por un lado, mantener un esfuerzo de seguridad integral como el Plan “El Salvador Seguro” y, por otro, permitir actuaciones policiales represivas, violatorias de derechos humanos y del debido proceso.

Ante la denuncia de PROCOMES y ARPAS, autoridades policiales se comprometieron a investigar, y ayer mismo elementos de una unidad de investigación interna de la PNC supuestamente iniciaron las indagaciones respectivas. Pero no se trata sólo de proceder sólo en este caso, sino de corregir todas las conductas abusivas generalizadas en las filas policiales y de evitar nuevos atropellos contra jóvenes pobres.

Esperamos que así sea.