Luces y sombras ha enfrentado el proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, a más de dos años de que el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera en Morazán ordenara su reapertura. Las voces de los 44 testigos directos de la peor matanza del hemisferio occidental han dado luces al oscuro pasado de impunidad que la caracterizó, confirmando la participación del Alto Mando de las Fuerzas Armadas en el hecho, aseguran los acusadores particulares. Y las sombras las ha puesto el Ministerio de la Defensa, negando información de los archivos militares que son clave para el proceso, pese a la orden del juez y el clamor de las víctimas.
El proceso penal se encuentra en la fase de Instrucción. En diciembre pasado fueron juramentados un perito militar, dos antropólogas sociales y una experta documentalista. Y el 18 de enero será juramentado un perito militar propuesto por la Fiscalía General de la República.
En esta entrevista realizada a David Morales, acusador particular en el proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y exprocurador de derechos humanos, profundizamos en las claves del proceso, el precedente judicial marcado con el caso y las alternativas de la representación legal de las víctimas ante la negación de los archivos militares por parte del Ministerio de la Defensa, al cual señala de encubrir a los responsables.
Por: Josseline Roca /Foto: Cristosal
¿Cómo avanza el proceso penal por la masacre de El Mozote?
El juicio sigue en su etapa de investigación, llamada etapa de instrucción penal, y avanza positivamente aún en escenarios de ausencia de colaboración por parte de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y las autoridades gubernamentales. Ya tuvimos una etapa muy fuerte la de consolidación testimonial, que fortaleció la información sobre la participación del batallón Atlacat en la matanza; también se ha ratificado la pericia forense. Recordemos que es un caso donde la masacre está plenamente probada, hay restos de cerca de 400 víctimas, el 70% niños y niñas, que han sido objeto de análisis por antropólogos forenses, especialmente por el equipo argentino de antropología, y en este momento estamos tratando de profundizar en la delimitación de las responsabilidades individuales.
Es evidente ya, que las dimensiones del operativo demuestran que necesariamente la operación rescate tuvo que haber sido autorizada, planificada, dirigida y supervisada por el Alto Mando y el propio Estado Mayor General de la FAES, como se llamaba en aquel momento, después llamado Estado Mayor Conjunto. Que los líderes principales de la FAES en ese momento, que disponían plenamente de la institución castrense -más allá de la entidad que ejercía la presidencia de la República, que en aquel momento era la tercera junta cívico militar- el exministro Guillermo García y el jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima, tuvieron que conocer, dirigir y autorizar esta operación de gran envergadura.
Fue una de las primeras intervenciones del Primer Batallón de Reacción Inmediata que fue creado, el Atlacatl, y estos batallones se movían en cualquier lugar del territorio nacional por instrucciones del Estado Mayor de la FAES. Por lo tanto, hay una cadena de mando que operó hasta llegar a los oficiales del batallón Atlacatl a quienes se les encomendó la misión principal de la operación que era el exterminio de población civil en los caseríos que habían sido previamente seleccionados.
¿Todos los testimonios arrojan información que constate lo que planteó anteriormente?
Los testimonios arrojan la dimensión de la matanza, que se trató de población civil, que la masacre sí ocurrió, complementan fuertemente la evidencia forense. Varios sobrevivientes plenamente identificaron que estas tropas pertenecían al Batallón Atlacatl, inclusive hay evidencia testimonial que Domingo Monterrosa estableció puesto de mando en la población de Arambala, ordenó la ejecución de 7 personas en ese poblado y dio un discurso a la población diciendo que llegaba a “limpiar los pueblos de la zona”, que esa era su orden, esto lo dijo en un discurso público en la población de Arambala.
¿Eso es parte de la evidencia?
Es parte de la evidencia. También existen informes oficiales, respuestas de la presidencia de la República a requerimiento del juez que lo solicitó por petición de la acusación particular, informes en los que se reconoce que la Operación Rescate existió, se identifican claramente quiénes eran los integrantes del Alto Mando, identifican claramente quiénes eran los oficiales del Batallón Atlacat de alta, y que se encuentran con vida en el momento del operativo, y todos ellos están siendo juzgados.
Se ha reconocido también las dimensiones de la masacre en informes oficiales de la presidencia, que establece que participó en colaboración la Tercera Brigada de Infantería, la Fuerza Aérea, el cuartel de San Francisco, que se llamaba entonces Centro de Instrucción de Comandos, y la Brigada de Artillería; y por lo tanto los comandantes de estas unidades estuvieron también involucrados en la operación.
Por otro lado, se cuenta con las hojas de vida militar de todos los imputados, que demuestra que la operación rescate si existió, por lo tanto hay información documental muy relevante. Sin embargo quiero denunciar que el Ministro de la Defensa, el general Munguía Payés y las altas autoridades de la FAES siguen negando la existencia de documentos relacionados con la Operación Rescate y aducen que estos documentos no son localizados. Hay evidencia en el juicio que este tipo de documentos de planes militares, de operaciones especiales y planes de campaña son documentos de valor histórico que no son destruidos, ni la ley permite su depuración. Por lo tanto, consideramos que existe una alta probabilidad de que esos documentos se encuentran resguardados, pero hasta el momento su existencia sigue siendo negada por las autoridades militares.
Pero existe una orden judicial para que se entregue…
Hay una orden del juez de entregar esta información y la respuesta es que esta información no es localizada, de que hay búsquedas y no se localizan. Me parece que hay una posición de encubrimiento, de falta de colaboración por parte de las altas autoridades de la Fuerza Armada en este momento y del propio ministro que es el que suscribe los informes. Seguiremos en la lucha por obtener esta prueba documental.
Estamos entrando a una etapa también importante que es la de estudios de expertos o especialistas en diferentes materias que ayudarán a profundizar las circunstancias en las que esta masacre se produjo y ayudarán a delimitar las responsabilidades.
El juez ha ordenado ya la realización de peritajes por expertos militares y peritajes psicológicos, ha autorizado un peritaje documental con información desclasificada, liberada por el gobierno de Estados Unidios, relacionada al conflicto armado, y a la misma masacre de El Mozote, y también ha ordenado peritajes antropológicos sociales que nos permitirán conocer de mejor manera dentro del juicio la dinámica de la violencia, de la represión, los patrones que dominaron en la época, porque El Mozote no es un caso aislado. Se da en medio de una política de matanza de población civil, como una política militar de contrainsurgencia, que dirigió esta cúpula militar de Guillermo García, es una política sanguinaria de crímenes atroces, perpetración de crímenes de lesa humanidad en poblaciones rurales especialmente y a través de escuadrones de la muerte que, como sabemos, terminaron asesinando al mismo arzobispo de San Salvador, nuestro santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y fue esa cúpula militar la que dirigió esta matanza a nivel nacional; conocer cómo el Mozote se da en ese contexto es también relevante para el juicio.
El juez ha declarado también formalmente que considera esta masacre como un “crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra”, lo que permite darle un valor jurídico muy grande a nivel de la consideración del acervo probatorio, y además es una declaratoria que deja en claro que amnistías y prescripciones u otras figuras de impunidad no son aplicables; estos crímenes se persiguen para siempre como lo ha demostrado la experiencia de la justica a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué pasaría si siguen negando la documentación militar relacionada a la masacre de El Mozote, considerando que es clave para el proceso?
Como acusadores nosotros seguiremos proponiendo a consideración de la causa diversas acciones de investigación que permitan lograr acceso a esta información. Eventualmente esperamos que futuras autoridades de gobierno, y especialmente quien sea el comandante en jefe de la FAES, tengan mayor firmeza en ordenar y garantizar la entrega de este tipo de información.
Definitivamente no hemos tenido colaboración del ministro David Munguía Payés que parece obstaculizar más que colaborar, pero dijéramos que hay un esfuerzo del Tribunal. Sin embargo, creemos que es posible lograr el establecimiento de las responsabilidades aunque esta información sea negada hasta el final y ése es el esfuerzo de la justicia, por eso es importante que por primera vez tengamos en El Salvador un Tribunal que está haciendo cumplir la ley con garantías para todas las partes, inclusive resguardando todas las plenas garantías de la defensa y de los imputados, y que está llevando hasta un nivel serio la investigación de un crimen de esta naturaleza.
Los casos del conflicto armado, por regla general, eran objeto de la mayor impunidad por parte de las autoridades judiciales y los fiscales que estaban a cargo de los casos. Hoy estamos ante un caso que está sentando precedente positivo para la justicia en El Salvador. Si la justicia es indiferente al asesinato de mil personas civiles, la mitad de ellos niños y niñas, qué podemos esperar de la violencia de hoy. Por lo tanto, El Mozote es un desafío para el sistema de justicia hoy y creemos que el Tribunal está dando un ejemplo de cumplimiento a la ley, a partir de la reapertura en el 2016.
¿Qué alternativas tienen en vista de la falta de acceso a esos archivos militares?
Vamos a ahondar en los peritajes especiales, que darán un valor a la prueba de contexto, y también trataremos de profundizar en diferentes tipos de documentación. Creo que aún es posible fortalecer la evidencia testimonial; recordemos que cientos de miembros de la Fuerza Armada que eran personal de tropa se encuentran aún con vida y han sido ya identificados dentro del proceso. Entonces, hay toda una línea de investigación, con posibles participes materiales o testigos directos que también puede ser objeto de investigación.
Aún hay mucho por investigar. Consideramos que este semestre es clave y esperamos que no avancen los riesgos que hemos identificado las organizaciones de Derechos Humanos, desde el más alto nivel político, para tratar de cerrar este tipo de casos. Hemos ya denunciado, tanto CRISTOSAL junto a otras organizaciones de Derechos Humanos, los manejos que está haciendo una comisión Ad-Hoc de la Asamblea Legislativa para una probable Ley de Reconciliación en la que, consideramos, hay un riesgo de que se quiera promover una nueva ley de impunidad o evadir la sentencia. El nuevo fiscal general debe demostrar que va a cumplir la Constitución, no tiene opción de incurrir en incumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad ni de los tratados internacionales, no puede adoptar retrocesos.
Sin embargo a él (fiscal general) se le señala de tener vínculos con el partido ARENA, dentro del que hay personas señaladas de ser autores de varios casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra…
Creo que es la hora de demostrar si se va a despojar de esos vínculos para cumplir con su mandato constitucional y de ley. Creo que debe demostrar si cumplirá y creo que muy pronto podremos ver esto en casos tan paradigmáticos como El Mozote. Hay una unidad de fiscales asignados que investigan casos del conflicto armado, lo cual fue un paso positivo del anterior fiscal Douglas Meléndez, pero recibió poco apoyo. Fortalecer esta unidad, permitirle que sigan trabajando sus integrantes; que no reciban este equipo de trabajo ninguna instrucción de obstaculizar o incumplir sus funciones.
Además empujar investigación hacia las estructuras de la fuerza armada que estuvieron involucradas u ordenar investigaciones si se sospecha que se está ocultando información y cometiendo delitos actuales por ocultamiento de información, son obligaciones que tiene cualquier titular de la Fiscalía y si son reales los vínculos, y han sido públicos algunos de ellos, del nuevo fiscal con grupos de poder económico o partidos políticos ahora tiene la obligación de despojarse de esos vínculos y hacer cumplir la ley y eso es lo que estamos observando atentamente al igual que las posiciones que irá tomando la nueva Sala de lo Constitucional, que esperamos sean posiciones donde no se busque retroceder en la garantía de los Derechos Humanos, hay una obligación del Estado de no retroceder, de no regresividad; es la obligación de progresividad de los Derechos Humanos.
Esperamos que la nueva Sala también sea garante y que no derive ninguno de estos altos espacios de poder político, de funcionarios de esta envergadura, en tratar de cerrar los casos de crímenes de lesa humanidad, sino lo contrario que fortalezcan las posibilidades de investigación y acceso a la justicia.
