Representantes de la comunidad Santa Marta de Cabañas presentaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una denuncia contra la Policía Nacional Civil (PN) y la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la detención injusta y arbitraria de dos jóvenes de dicha localidad.

Según familiares de Manuel de Jesús López Bonilla y José Antonio Bonilla Laínez los jóvenes fueron capturados la madrugada del pasado 25 de noviembre en el hospital nacional de Sensuntepeque luego que ellos auxiliaran a una persona herida quien falleció al llegar al centro asistencial.

La familia de los jóvenes se enteró de la detención hasta la mañana del 26 de noviembre cuando se les notificó por parte de las autoridades policiales quienes, en un primer momento, informaron que los motivos de la captura era por resistencia a la autoridad y portación de armas de fuego, lo cual en el segundo caso es totalmente falso según explicó Leonel Rivas líder de la comunidad Santa Marta.

“Nosotros estamos completamente seguros que José Antonio no portaba el arma, sabemos que la policía regresó a la comunidad a traer un arma y luego se la puso al joven”, aseguró, al tiempo que agregó que en la primera audiencia realizada el 30 de noviembre en el juzgado de Ciudad victoria los jóvenes quedaron absueltos por los delitos que se les imputaban.

Sin embargo, al salir de esta audiencia, según explicó Rivas, la Unidad Antipandillas de la PNC les esperaba con una nueva orden de captura. Desde ese momento la familia no ha tenido acceso a ellos ni conocen la situación en la que se encuentran. Y agregó que a partir de la segunda detención los familiares comenzaron a recibir llamadas de supuestos agentes quienes les pedían que no contrataran abogados defensores y que lo único que necesitaban era que “colaboraran” con ellos.

“No entendemos con qué tienen que colaborar, esto nos pareció sospechoso desde el primer momento. No pareció más irregular que el día 13 de diciembre uno de los jóvenes, Manuel de Jesús, fue llevado en un carro particular a la casa de sus familiares acompañado de los supuestos agentes quienes dijeron lo mismo, que colaboraran”, dijo Leonel Rivas.

Frente a esta situación y ante la falta de información certera por parte de autoridades policiales y fiscales, los habitantes de Santa Marta pidieron que la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, les dé un informe sobre las gestiones que ha hecho ante la PNC y la FGR para conocer el paradero de los jóvenes y la situación en la que se encuentran.

“Nosotros vamos a continuar con las diligencias que correspondan. Ya se giró instrucciones para que personal de la PDDH identifique y acudan al lugar donde están los jóvenes y verifique la situación en la que se encuentran”, dijo la titular de derechos humanos al ser abordada por los medios luego de tener una reunión con los habitantes de Santa Marta que llegaron hasta la sede de la institución en San Salvador.

Raquel Caballero hizo un llamado a las autoridades a que se respeten y garantice el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.

Al ser cuestionada sobre si este caso podría sumarse a las denuncias por abuso de poder que ya se registran en la institución contra la PNC, la funcionaria dijo que prefiere no adelantar criterio y esperar a tener los resultados de las investigaciones.