La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) exigió la semana pasada que la Fiscalía General de la República aplique la extinción de dominio a las concesiones radioeléctricas del ex presidente Antonio Saca asignadas a las empresas que participaron en trama de corrupción del último gobernante arenero: SAMIX, Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión Usuluteca, Comunicaciones de Radio, entre otras.

Dicha petición ya había sido planteada en marzo del 2018, cuando información del proceso judicial contra el ex mandatario de derecha indicaba que algunas de esas concesiones fueron obtenidas con fondos de la corrupción o que sus titulares (empresas de Saca) fueron usadas en la trama delictiva que extrajo millonarias sumas de dinero de la partida secreta de Casa Presidencial.

La ReDCo pide que esas concesiones sean entregadas a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) para ser reasignadas en nuevos procesos de adjudicación transparentes y democráticos, propiciando el ingreso de nuevos operadores, especialmente medios comunitarios y públicos.

La referida organización, promotora del derecho a la comunicación y la democratización de los medios, también solicita que SIGET -en el actual proceso de renovación de las concesiones- suspenda la prórroga a estas concesiones, dado que han sido utilizadas para delinquir y, por tanto, deben ser canceladas.

Los representantes de ReDCo también consideran que la acción de extinción de dominio debe trascender de las frecuencias de Saca e incluir también concesiones de otras empresas mediáticas que participaron en la trama delictiva del ex gobernante arenero o recibieron fondos de la corrupción.

Desde este espacio editorial respaldamos la demanda de la ReDCo, pues la extinción de dominio de las concesiones vinculada a actos de corrupción y su reasignación a nuevos operadores (prioritariamente públicos y comunitarios) constituye una valiosa oportunidad para democratizar la comunicación y configurar un modelo mediático más diverso, plural y democrático.

El actual modelo de medios del país, concentrado y excluyente, no cumple con los estándares de pluralidad, diversidad y transparencia que establecen instancias como la Organización de las Naciones Unidas par la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).