Mujeres periodistas respaldaron este martes a la joven que acusa de agresión sexual al exdirectivo y expresentador de Canal 33, Carlos Toledo.

Por Josseline Roca/ Con aportes de Norma Ramírez

Foto: El Universitario

La Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Asociación de Estudiantes de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES), entre otras, respaldaron a la joven de clave “Éxodo” que acusa al exdirectivo y expresentador de Canal 33, Carlos Toledo, por agresión sexual.

De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, el hecho ocurrió el pasado 21 de junio, cuando Toledo llamó a su oficina a la joven de 19 años -quien realizaba una pasantía en dicho canal de televisión- para “hablarle de sus habilidades como comunicadora y una posible oportunidad laboral en el canal”.

Por este caso ya hay un proceso judicial abierto. La abogada Bertha Deleón, quien es representante legal de la víctima, explicó que el caso tiene reserva. Lamentó que pese a no comparecer a la audiencia preliminar al acusado le otorgaron medidas sustitutivas a la detención, lo cual contradice el código penal, señaló la abogada.

“Esa es una de las fallas que el sistema judicial ya se anotó”, apuntó.

Toledo ha contrademandado a la víctima por el delito de extorsión, explicó la abogada.

Ante el caso de la joven con clave “Éxodo”, las organizaciones exigieron al sistema judicial cumplir con los debidos procesos, “a favor de la justicia y no de grupos de poder mediático y económico” y a la Fiscalía General de la República que realice una exhaustiva investigación.

A los medios de comunicación les exigieron dejar de proteger a los acusados, expresó Mónica Rodríguez de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Las periodistas y comunicadoras señalaron que éste es solo uno entre muchos casos de agresiones contra mujeres del gremio en sus lugares de trabajo.

El estudio “Diagnóstico sobre el entorno de trabajo de mujeres periodistas y comunicadoras sociales en El Salvador”, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reveló que el 96.15% de las entrevistadas dijo haber sido víctima de acoso sexual durante su ejercicio profesional.

Exigen a las universidades espacios libres de violencia para las mujeres

La representante de la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, Krissia Girón, afirmó que las universidades están obligadas a garantizar espacios libres de violencia para las mujeres, por lo que respaldan la denuncia de organizaciones de mujeres que en los últimos meses han revelado varios casos de acoso sexual y agresiones por parte de docentes.

Asimismo, la representante de la APES, Mónica Rodríguez, exigió a la Universidad de El Salvador garantizar la seguridad de las mujeres.

Algunos de los casos de agresión contra estudiantes de la UES que recientemente han salido a la luz son el del docente de la Facultad de Ciencias Sociales Boanerges Osorto, quien enfrenta un proceso judicial con medidas sustitutivas a la detención, por amenazar y agredir físicamente a una estudiante. Otro similar es del docente de la Facultad de Medicina, Miguel Ángel Serrano, acusado de acosar y agredir a una estudiante; tras irrespetar las medidas cautelares de no acercarse a la víctima, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenó a un año y seis meses de trabajo comunitario y a remunerar económicamente a la víctima por los daños causados.

Rector de la UES reconoce que no existían protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia

Ante el cuestionamiento de la Red Informativa de Arpas sobre estos casos, el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, reconoció el pasado 31 de agosto que no tenían ningún protocolo de actuación para atender a las mujeres vícitima de violencia al interior del Alma Máter. “Precisamente por eso ´la víctima´ andaba de una unidad en otra y nunca le atendían o resolvían su denuncia”, admitió.

Arias afirmó que a partir de estos casos han iniciado un proceso de creación de dos protocolos, uno de prevención y otro de denuncia de hechos de violencia contra las mujeres.