El Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó esta semana la Política Pública para los Pueblo Indígenas, la cual incluye acciones de desarrollo social, económico, cultural y ambiental, enmarcadas en el cumplimiento de los derechos humanos y el paradigma del “Buen Vivir”.

El lanzamiento de dicha política sucede a solo seis meses de finalizar el actual gobierno, sin la certeza de que ésta pueda continuarse en el que asuma en junio del próximo año; y esto representa un enorme desafío para las comunidades originarias: que un cambio en el Ejecutivo no signifique retroceder en el reconocimiento de sus derechos.

Así que -aunque tarde- bienvenida la política de pueblos indígenas, que fueron invisibilizados en los gobiernos de ARENA (Recordemos que el partido oligárquico, más bien, hace apología de la masacre de 30 mil indígenas y campesinos perpetrada en 1932, cada vez que inicia sus campañas electorales).

Han sido los gobiernos del ex presidente Mauricio Funes y del actual mandatario Sánchez Cerén únicos en reivindicar los derechos, la historia, cultura y cosmovisión de las comunidades ancestrales del país. Durante este período se aprobó y ratificó una reforma al Artículo 63 de la Constitución que reconoce a los pueblos originarios.

En octubre pasado la Asamblea Legislativa también declaró al municipio de Tacuba, Ahuachapán, “Territorio de Comunidades Indígenas”.

Según el decreto, Tacuba “es pueblo de origen precolombino”, cuyas comunidades poseen un patrimonio cultural derivado de “tradiciones pre-maya y náhuatl”, así como vestigios arqueológicos de hace 2,300 años”. Además, tiene organización propia basada en la visión ancestral, conservan prácticas (en agricultura, educación, medicina y espiritualidad), revitalizan su idioma y mantienen un vínculo con el medioambiente”.

Actualmente, en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), está en curso una solicitud de frecuencia para crear la “primera radio comunitaria indígena”, que será operada por las comunidades originarias de Tacuba.

Ojalá, pues, que la política pública presentada por Sánchez Cerén se implemente rápidamente, y que los pueblos indígenas presionen para que ésta se mantengan en el nuevo gobierno.