Para la Asamblea Legislativa, el capital importa más que la vida y los derechos. Lo confirma la facilidad y rapidez con que aprueba leyes para favorecer las inversiones, frente a la desidia y falta de voluntad para aprobar la Ley General de Agua, la despenalización del aborto, mayor presupuesto para Educación y Salud omás recursos para prevención de la violencia.

La semana pasada aprobó la Ley de Mejora Regulatoria, cuyo propósito central es “eliminar exigencias o requisitos sin fundamentos que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones”.

Dicha ley fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, a propuesta del Ministerio de Economía y por iniciativa de diputados/as del FMLN. Su aprobación obedece a exigencias de la embajada de Estados Unidos, a través de FOMILENIO.

La agilidad con que se aprobó esta ley para favorecer al capital contrasta con la negativa parlamentaria de aprobar la Ley de Agua, que establezca un ente rector de políticas hídricas totalmente público; despenalizar el aborto, y acabar con la vergüenza de enjuiciar a mujeres pobres que abortan accidentalmente; y aumentar los presupuestos para educación, salud y prevención de la violencia, para mejorar la calidad de vida y cumplirderechos.

La Asamblea no solo aprueba medidas para promover las inversiones, sino que también protege a los malos inversionistas, pues -al tiempo que simplifica procesos para las empresas- se niega a aprobar la Ley de Cobro Coactivo para evitar la evasión tributaria y rechaza la moción de poner penas de cárcel para los empresarios evasores.

El capital es más importante que la vida y los derechos. Por eso la Asamblea también mantiene el negocio de las AFPs, a pesar de la urgencia de una reforma de pensiones que beneficie a cotizantes y jubilados; por eso no revierte el esquema tributario regresivo y no deroga la veintena de leyes de la elusión, a pesar de la necesidad de una política fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”…

Esperemos que algún día la población democrática, decente, honrada y trabajadora ejerza el derecho constitucional a la insurrección popular, y expulse a los diputados y diputadas que usan su curul para defender al capital y favorecer a los inversionistas, en detrimento de la vida y los derechos de la gente.

Ojalá esto fuera pronto, antes de que el despojo contra el pueblo sea mayor.