El año que comienza plantea varios desafíos, que deben ser apuestas prioritarias en la agenda popular y en la incidencia de las organizaciones progresistas. Por cuestión de tiempo y espacio, en este editorial, mencionamos cinco de los más importantes.

El primero es la continuidad de las políticas sociales del actual gobierno, que constituyen logros importantes: la reforma de salud pública, los programas de prevención de la violencia, los planes educativos y los programas de protección social a sectores vulnerables (pensión básica para adultos mayores, paquetes escolares, subsidios a familias pobres, etc.).

Para esto es necesario asegurar que quien gane las elecciones en febrero y gobierne a partir de junio próximo se comprometa a continuar con estos planes y programas gubernamentales, convirtiéndolos en políticas de Estado.

El segundo tiene que ver con la no privatización del agua y la reversión del grave deterioro de los bienes hídricos. Esto pasa por aprobar una ley que garantice el derecho al agua suficiente y de calidad, establezca un ente rector de las políticas hídricas totalmente público y garantice la participación comunitaria en la gestión integral del vital líquido.

Los altísimos niveles de contaminación de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, y la gravísima desprotección de los bienes hídricos, requieren atención urgente del Estado y de la sociedad. Para esto es necesario presionar a la Asamblea Legislativa.

El tercero está relacionado con la implementación del Plan El Salvador Seguro (PESS), que ha permitido avances inéditos en seguridad pública, especialmente a nivel territorial. Este plan, elaborado por un consenso multisectorial e interinstitucional, contiene acciones integrales que combinan prevención de la violencia, persecución de los delitos, reinserción de delincuentes y atención a víctimas de la violencia.

Para esto también es necesario un compromiso creíble de los partidos y coaliciones, y sus respectivos candidatos presidenciales, para que el nuevo gobierno siga decididamente con la aplicación del del PESS en los 262 municipios del país.

El cuarto tiene que ver con la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Es necesario profundizar la transparencia en el sector público y ampliarla al sector privado, especialmente en el campo tributario. El país no debe regresar a la cultura de la opacidad, a la práctica política del “secreto mejor guardado” ni a la naturalización de la corrupción como práctica humana.

Y el quinto se vincula con la postergada y temida reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, sin la cual no es posible hacer justicia tributaria ni obtener los recursos necesarios para resolver los problemas del país. Esta reforma incluye -como hemos dicho tantas veces- un combate efectivo contra la evasión tributaria, revisar las leyes de la elusión fiscal y aprobar impuestos directos a patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, a los bienes y servicios de lujo, y a las grandes transferencias financieras.

Para esto es necesario exigir la actuación de toda la institucionalidad estatal, pero sobre todo a la Asamblea para que apruebe las reformas legales pertinentes.