El momento político post electoral es propicio para arreciar la presión social por la Ley General de Agua que promueven la Alianza contra la Privatización del Agua, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Iglesia Católica y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Dicha propuesta de ley define el derecho humano al agua, establece un ente rector de políticas hídricas totalmente público y garantiza la participación comunitaria en la gestión del vital líquido. Por tanto, contrasta con la que impulsa la ANEP, la cual pretende entregar el control de la instancia rectora a la empresa privada para que la prioridad sea el agua para los negocios y no para las necesidades de la población.

La propuesta de las organizaciones sólo tiene el respaldo expreso del grupo parlamentario del FMLN; mientras que la propuesta privatizadora es respaldada por la derecha legislativa, especialmente el oligárquico partido ARENA.

Sin embargo, el resultado electoral del pasado 3 de febrero dejó dos situaciones que podrían favorecer la aprobación de esta ley urgente para el país.

La primera es que el presidente electo Nayib Bukele en la campaña se comprometió a no privatizar el agua y en su plan de gobierno contempla la gestión pública del vital líquido. En tal sentido, la Alianza contra la Privatización del Agua y demás organizaciones deberían exigir a Bukele que gestione su aprobación en la Asamblea, como lo hace con otras iniciativas.

Y la otra tiene que ver con la debilidad política de los partidos derrotados el 3F, sobre todo ARENA, PNC y PDC, los perdedores que apoyan la privatización del agua. Si el FMLN mantiene su postura de respaldo, Bukele convence a GANA y la presión social obliga a ARENA y compañía, podrían estar los votos necesarios para avalar la ley de agua que la inmensa mayoría de la población demanda.

Así que es momento de presionar con toda la fuerza necesaria. Dijimos en editoriales anteriores que la ciudadanía no se debe limitar a votar en las elecciones, sino participar activamente exigiendo a los gobernantes que cumplan sus promesas y actúen en favor de los derechos de la gente.

Así que ojalá toda la población se movilice y presione por la ley de agua propuesta por las organizaciones populares, la UCA, la Iglesia y la PDDH. Ahora es el momento.