Dos atentados contra la dignidad de las víctimas y la memoria colectiva
La Asamblea Legislativa insiste en aprobar una “ley de reconciliación” que, en la práctica, sería una nueva ley de amnistía  que sustituirá a la ominosa normativa aprobada en 1993 y derogada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016. 

Así lo denunciaron ayer varias organizaciones de derechos humanos, pro memoria histórica y de familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Según el IDHUCA, FESPAD, Pro-Búsqueda y otras organizaciones, existe un acuerdo de todos los partidos políticos para aprobar la referida ley.

La elaboración de dicha normativa ha sido encargada a una sub-comisión de la Comisión Política, en la que participan algunos diputados que son “juez y parte” porque están involucrados en crímenes cometidos durante la guerra civil o fueron parte beligerante en los bandos enfrentados.

La creación de esta sub-comisión es el “plan B” de los diputados promotores de la impunidad, tras fracasar en el intento de aprobar la propuesta de Rodolfo Parker, señalado de encubrimiento en la masacre de la UCA”. Según el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, el ahora diputado “demócrata cristiano” manipuló evidencias y alteró pruebas que incriminaban al alto mando del Ejército en el vil asesinato de Ignacio Ellacuría y demás sacerdotes jesuitas, perpetrado el 16 de noviembre de 1989.

Parker proponía una ley que garantizaba “amnistía absoluta e incondicional a todos los señalados de cometer delitos y violar los derechos humanos durante la guerra civil, independientemente del bando al que pertenecieron”.

Al intento de la Asamblea de aprobar una nueva ley de amnistía que mantenga la impunidad crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se suma la negativa del Presidente Salvador Sánchez Cerén de eliminar el nombre de Domingo Monterrosa de algunas guarniciones militares. Este coronel es el responsable material de la masacre de El Mozote, donde fueron cruelmente asesinadas unas mil personas inocentes, sobre todo mujeres, niños y ancianos; sin embargo, mantiene la categoría de héroe militar.

Hace dos semanas, Fabián Savioli, Relator de Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, pidió que, por respeto a las víctimas, el nombre de Monterrosa sea quitado. Ante esto, el ministro de Defensa, General David Munguía Payés, respondió que el gobierno no está obligado a acatar el llamado del relator de la ONU; mientras que el presidente Sánchez Cerén, flamante comandante general de la Fuerza Armada, ni siquiera de pronunció.

Tanto el intento legislativo de aprobar una ley de impunidad, como la omisión presidencial de no bajar al coronel Monterrosa del pedestal de héroe militar, constituyen dos atentados contra la dignidad de las víctimas y contra la memoria colectiva.
¡Qué vergüenza!