El pasado 5 de mayo se cumplieron tres años de aprobadas las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que constituyen un logro importante por, al menos, tres razones.

La primera es que las reformas fueron resultado de un consenso entre diversos actores mediáticos, en un inédito ejercicio de diálogo y por una asertiva gestión de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Esto permitió la aprobación unánime en la Asamblea Legislativa, a pesar fallidas maniobras de sectores privados que a última hora quisieron renegar del consenso.

La segunda es que con las reformas SIGET -como ente regulador de las telecomunicaciones y rector del espectro radioeléctrico- cuenta ahora con un marco legal actualizado y moderno que le permite agilizar procesos de revisión y ordenamiento de las concesiones.

Y la tercera es que -por su contenido- las reformas representan un significativo avance en el proceso creación de un marco legal más incluyente y democrático de las comunicaciones, pues incluye el reconocimiento de los medios comunitarios, elimina las prórrogas automáticas de las concesiones y establece mecanismos alternos a la subasta para asignar frecuencias.

Antes la Ley sólo reconocía a los medios privado-comerciales, prorrogaba automáticamente las concesiones y la subasta al mayor postor era el único mecanismo para otorgar frecuencias. La reforma es, por tanto, un salto de calidad hacia la modernidad comunicativa y la democracia deliberativa.

Sin embargo, la democratización de las comunicaciones -en el sentido de construir un modelo de medios más diverso que garantice mayor pluralidad de voces- sigue pendiente. Como bien ha señalado la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), de la que ARPAS es parte, hasta esta fecha no ha sido otorgada ni una sola concesión para medio comunitario. SIGET mantiene en proceso varias solicitudes de radio y una para televisión comunitaria, mientras sigue entregando frecuencias por subasta para medios comerciales.

ReDCo también critica que la mayoría de concesiones están renovándose. Si bien la Sala Constitucional otorgó derecho de prórroga a los actuales concesionarios, SIGET ignoró la recomendación de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia sobre una “auditoría del espectro radioeléctrico” y un “acto especial de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre cómo se otorgaron las concesiones”.

El punto más crítico que señala la ReDCo tiene ver con la digitalización. Ésta constituye un avance importante, pero la SIGET -basada en disposiciones de la Sala- está asignando los mismos anchos de banda a los actuales concesionarios.

La ReDCo y ARPAS planteamos que el plan de digitalización debe tomar en cuenta los “Estándares de Libertad de Expresión para la Transición a una Televisión Digital Abierta, Diversa, Plural en Inclusiva” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manda a los Estados americanos a implementar políticas que aseguren la digitalización como oportunidad para democratizar el esquema mediático y evitar mayores niveles de concentración.

Por eso, ARPAS reitera el llamado de la ReDCo al nuevo gobierno a corregir estas fallas y retomar el camino de la democratización de las comunicaciones. En este sentido, insistimos en la petición al presidente electo Nayib Bukele de crear un espacio de diálogo para presentar nuestras propuestas.